Auditorías detectaron lesiones patrimoniales millonarias en el 2015
Federico Humbert, contralor general de la República, dijo este miércoles 6 de enero durante la presentación de su informe anual de gestión que las auditorías realizadas por diferentes actos de corrupción de la administración pasada reflejan una posible lesión conjunta que asciende a 300 millones de dólares.
Actualmente la Contraloría General de la República mantiene 196 auditorías en ejecución de las cuales 150 corresponden a las auditorías de Juntas Comunales y 46 auditorías a otras dependencias e instituciones.
Humbert resaltó que las auditorías más relevantes del 2015 fueron:
- Alimentos deshidratados (Programa de ayuda Nacional – PAN)
- Bolsas de comida (PAN)
- Mochilas (PAN)
- Cobranzas del Istmo
- Free PTY, Llantas (PAN)
- Granos (PAN)
- Senacyt
- BDA
- Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)
El contralor Humbert informó que durante el 2015 se tramitaron 632 mil 805 documentos correspondientes a gestiones de cobro, comprobantes de pago, órdenes de pago y transferencias, por la suma de 17,020,369,285.20 dólares.
Enfatizó que la institución tiene independencia del Ejecutivo y destacó que tienen múltiples diferencias "yo tengo que entender que ellos tienen un rol, y ellos deben entender que su equipo tiene un rol; lograr el balance fue difícil".
Descentralización
Al entrar a regir la Ley 66 de 2015 sobre la descentralización este mes, la Contraloría fiscalizará que los recursos que se asignen se manejen con transparencia y apego a la Ley.
Humbert resaltó que cada municipio descentralizado contará con un equipo multidisciplinario de fiscalizadores, abogados e ingenieros, que” fiscalizará de manera local el uso adecuado de los fondos asignados”.
“Hemos invertido aproximadamente 500 mil dólares en la adecuación de oficinas de Fiscalización a nivel de todos los Municipios del país”, dijo Humbert.
Contrato para la Línea 2 del Metro
A finales del 2015 Humbert fue el blanco de duras críticas por haber refrendado el contrato para la construcción de la línea 2 del Metro de Panamá, concedido a la Constructora Norberto Odebrecht, S.A y FCC Construcción. En ese sentido el contralor se defendió diciendo que la opinión que más se debe tomar en cuenta es la de los ciudadanos que usan el metro y no únicamente la de aquellos representantes de la Sociedad Civil que llegan a reunirse con él a bordo de autos de lujo.
“Yo como ciudadano y servidor público tengo la obligación de escuchar a la Sociedad Civil; pero yo voy a escuchar a la sociedad civil que escucha a la real sociedad civil, no es que aquellos que llegaron en su BMW y se estacionaron en el edificio son los que pueden opinar por encima de las personas que se suben a diario al metro”, concluyó.