Informe identifica 24 casos de delitos sexuales 'con responsabilidad evaluable' en la Arquidiócesis panameña entre 2001 y 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/La Arquidiócesis de Panamá presentó este martes 22 de septiembre un informe de valoración institucional sobre su respuesta ante denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad, correspondientes al período comprendido entre 2001 y 2025.

El estudio, de 130 páginas, fue realizado mediante un proceso de evaluación independiente e interdisciplinar por la Universidad Villanueva y la University of Notre Dame, con el propósito de revisar la actuación de la Arquidiócesis frente a este tipo de denuncias e identificar aspectos que deben ser corregidos y fortalecidos.

De acuerdo con los resultados presentados por el padre Jordi Pujol, se identificaron 37 denuncias durante el período analizado.

De estas, 24 correspondían a casos en los que la Arquidiócesis tenía responsabilidad institucional, mientras que entre las personas afectadas se identificaron nueve menores de edad y 11 personas en condiciones de vulnerabilidad.

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Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, pidió perdón a las víctimas, reconociendo que, "quienes debieron encontrar en la iglesia une espacio de acogida, de cuidado de confianza, hayan experimentado situaciones que les han causado heridas tan profundas".

Allí, donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar. Pedimos perdón", dijo monseñor Ulloa al concluir el informe.

Asimismo, dijo que se han establecido protocolos destinados a proteger a los menroes de edad y personas vulnerables. "Tenemos tambén la obligación de preguntarnos qué falta, qué no funcióno, qué debemos fortalecer", refiriéndose al camino de la Arquidiócesis a partir de este informe.

Pedir perdón no borra ni sana por si sola las heridas. Por eso Estas palabras no pueden quedarse únicamente en una expresión de pesar. Nadie merece atravesar una experiencia tan dolorosa y traumática mucho menos una niña, un niño o un adolescente". resaltó Ulloa.

Una respuesta que cambió con los años

El informe inicia la revisión de los casos en 2001 y señala que, durante los primeros años del período evaluado, no existía claridad suficiente sobre los mecanismos disponibles para presentar una denuncia.

Según los datos expuestos, 45 personas manifestaron haber tenido conocimiento o sospechas de posibles situaciones de abuso y 21 llegaron a comunicarlas; sin embargo no consta cuántos de estos fueron denunciados ante las autoridades competentes.

Los casos eran gestionados principalmente en un ámbito reservado entre el arzobispo y el clérigo involucrado, con procedimientos que el informe describe como informales.

La evaluación señala que a partir de 2015 se observa una mayor constancia y la existencia de procedimientos para abordar este tipo de situaciones.

Sin embargo, los investigadores advierten que en varios casos no fue posible reconstruir cuáles fueron las consecuencias de las actuaciones realizadas por la Arquidiócesis.

Tampoco pudieron determinar si existió o no colaboración por parte de la Iglesia con las investigaciones correspondientes, cuando la documentación disponible no permitió establecerlo.

El informe también señala que no consta documentalmente que se haya reparado el daño sufrido por las víctimas en determinados casos. La evaluación aclara que esto no permite afirmar que la reparación no haya ocurrido, sino únicamente que no existe constancia suficiente para demostrarla.

Dentro de los expedientes analizados, fueron documentados siete casos, mientras que se encontró constancia de entrevistas al acusado en ocho casos y entrevistas a víctimas en dos casos.

Además, existen cinco casos en los que se documentó que recibieron setencias condenatorias.

Evaluación independiente

El informe fue elaborado de manera voluntaria, sin mandato de la Santa Sede ni de las autoridades panameñas. Los casos sensibles fueron tratados de manera anónima y el documento aclara que la evaluación no sustituye a los tribunales ni constituye una calificación jurídica de la Iglesia.

La investigación tampoco pretende representar la totalidad de los casos que pudieron haber ocurrido durante los 25 años evaluados. Los responsables del estudio señalaron que la autonomía del proceso no debe interpretarse como infalibilidad, debido a que no se tuvo acceso a toda la información existente.

Como parte del proceso para la elaboración de este informe, fueron recibidas cinco comunicaciones de víctimas y se analizaron diversas fuentes. También se realizaron 29 entrevistas a representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros sectores, además de 383 encuestas y 84 noticias relacionadas con el tema.

El documento busca proporcionar una base para que la Arquidiócesis revise su actuación, identifique los aspectos que deben cambiar y avance hacia una institución con mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y prevención.

Procurador destaca aumento de denuncias

Durante la presentación, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, aportó cifras sobre la situación actual de los delitos contra la libertad y la integridad sexual en Panamá.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4,599 denuncias por delitos contra la libertad y la integridad sexual a nivel nacional, frente a 4,072 en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 13%.

En ese mismo período se contabilizaron 253 denuncias por corrupción de menores de edad, un aumento del 23% respecto al año anterior.

Gómez Rudy indicó que el 78% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad, y que el grupo de 15 a 17 años concentra el 42% de las denuncias según el rango de edad.

El procurador pidió interpretar estas cifras con responsabilidad, ya que un aumento de las denuncias no necesariamente significa, por sí solo, un incremento equivalente en la ocurrencia de estos delitos. Explicó que también puede estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o su entorno a denunciar, así como con una mayor confianza en las instituciones y mecanismos disponibles.

“Detrás de cada denuncia existe una situación que debe ser atendida con seriedad”, sostuvo el procurador, particularmente cuando está comprometida la integridad de un niño, niña, adolescente o persona en condición de vulnerabilidad.

Gómez Rudy también reconoció el esfuerzo de la Iglesia católica para contribuir a que la justicia pueda cumplir su función.

La presentación del informe se realizó en el auditorio Benjamín Ayechu de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).