Gobierno busca ampliar las APP para desarrollar proyectos de agua y obras de la Caja de Seguro Social

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó los alcances del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) y ampliar su aplicación a proyectos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y de la Caja de Seguro Social (CSS).

La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Nacional el pasado jueves y plantea modificaciones a la Ley 93 de 2019, que regula las APP. Entre los cambios propuestos está ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo, simplificar trámites y extender hasta 50 años el plazo para este tipo de asociaciones.

Orillac sostuvo que la propuesta no implica la privatización de las instituciones, sino que busca utilizar este modelo para desarrollar proyectos de infraestructura cuya ejecución y mantenimiento puedan distribuirse a lo largo del tiempo. “Es importante aclarar que no se refiere, bajo ninguna circunstancia, a ninguna privatización de nada”, aclaró.

Según el ministro, una de las características de las APP es que los proyectos contemplan su mantenimiento durante el periodo establecido, mientras que su financiamiento y ejecución se desarrollan a largo plazo.

Te podría interesar: Reglamento Interno de la Asamblea: ausencias de diputados, manejo de obras y fueros, las razones del veto de Mulino

¿Qué proyectos podrían incorporarse?

Orillac explicó que, con la legislación vigente, determinadas obras relacionadas con el agua no podían desarrollarse bajo esta modalidad. Entre los ejemplos, mencionó plantas de tratamiento de aguas servidas, plantas potabilizadoras y líneas de conducción.

El ministro señaló que Panamá mantiene un rezago en la actualización de algunas plantas de tratamiento y potabilización, debido al crecimiento de la población y a las necesidades de infraestructura.

Como ejemplo, mencionó la planta Roberto Reina, en Chitré, cuya modernización, según dijo, acumulaba cerca de 20 años de atraso. La propuesta también busca incorporar proyectos de infraestructura de la Caja de Seguro Social, incluidos hospitales y otras obras que puedan desarrollarse bajo el esquema de APP.

El Ejecutivo plantea, además, reducir los tiempos de tramitación. Orillac indicó que anteriormente el proceso podía extenderse hasta cerca de 49 meses desde el inicio del proyecto hasta su adjudicación. La propuesta presentada contempla modificaciones a tres artículos de la ley vigente y la incorporación de seis nuevos artículos, de acuerdo con la información oficial sobre la iniciativa.

Proyectos en evaluación

Consultado sobre las primeras obras que podrían beneficiarse del cambio, Orillac señaló que existen proyectos que ya están siendo estudiados. Mencionó iniciativas relacionadas con el Idaan, incluyendo proyectos de plantas y otras infraestructuras necesarias ante el crecimiento de la población.

También indicó que podrían incorporarse proyectos de la CSS y, eventualmente, obras de otros sectores, como escuelas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para las APP.

El proyecto deberá continuar ahora su trámite en la Asamblea Nacional.

Gobierno mantiene diálogo sobre beneficios para jubilados

Durante la entrevista, Orillac también se refirió al proyecto de ley 226, que modifica la Ley 6 de 1987 sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, vetado recientemente por el presidente José Raúl Mulino. El veto fue presentado por razones de inconveniencia e inexequibilidad.

El ministro explicó que, durante las reuniones sostenidas con representantes de jubilados y del sector privado, surgieron cuestionamientos relacionados con el impacto económico de la propuesta y los créditos fiscales contemplados. Según Orillac, también se planteó la necesidad de determinar con mayor precisión a qué grupo de jubilados deberían dirigirse los beneficios.

El Gobierno, jubilados y representantes empresariales habían iniciado previamente un mecanismo de diálogo para analizar alternativas al proyecto y buscar un esquema que atendiera a los jubilados de menores ingresos sin afectar a las micro y pequeñas empresas. Sobre las propuestas relacionadas con un eventual aumento de las pensiones, Orillac sostuvo que el tema requiere un análisis financiero para determinar de dónde provendrían los recursos y cuál sería su impacto sobre las finanzas públicas.

El ministro también fue consultado sobre las informaciones difundidas en redes sociales acerca de un supuesto proyecto para explorar la posibilidad de explotación minera en Cerro Colorado. Orillac afirmó que el Gobierno no está promoviendo ni avalando un proyecto de explotación minera en esa zona. Agregó que existen normas y un fallo judicial relacionado con la prohibición del desarrollo minero en Cerro Colorado y sostuvo que el Ejecutivo respeta las autoridades electas y el marco legal vigente.

Finalmente, Orillac se refirió al veto parcial del proyecto de ley 594, que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. El presidente Mulino objetó parcialmente la iniciativa y devolvió el proyecto al Legislativo con nueve artículos objetados por razones de inexequibilidad e inconveniencia.

De acuerdo con Orillac, uno de los puntos cuestionados está relacionado con las facultades que el proyecto otorgaría a los diputados para la promoción de proyectos, función que, según sostuvo, corresponde al Órgano Ejecutivo. El ministro aclaró que la fiscalización forma parte de las funciones de los diputados, pero señaló que otros aspectos del proyecto, incluidos algunos relacionados con la asistencia, fueron considerados en el análisis que sustentó el veto.