Reglamento Interno de la Asamblea| ausencias de diputados, manejo de obras y fueros, las razones del veto de Mulino

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó parcialmente el proyecto de ley 594, que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, al considerar que varias de sus disposiciones vulneran la Constitución o podrían generar conflictos en el funcionamiento del Legislativo.

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El mandatario explicó que tomó la decisión después de analizar las observaciones presentadas por ministerios, entidades fiscalizadoras y organismos como la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Antai y el Tribunal Electoral.

“He encontrado motivos para objetar parcialmente el proyecto de ley, por razones de inexequibilidad e inconveniencia”, señala Mulino en el documento remitido al Legislativo.

Ausencias de diputados podrían justificarse sin controles

Una de las primeras objeciones recae sobre el artículo que permitiría considerar presente a un diputado cuando participe en actividades oficiales dentro de su circuito electoral, aunque no asista a las sesiones del pleno.

Aunque Mulino reconoció que los diputados deben mantener contacto con sus comunidades, advirtió que el proyecto no define qué actividades permitirían justificar su ausencia ni establece mecanismos para comprobarlas.

“La falta de mecanismos que acrediten dichas actividades afecta los principios de transparencia, rendición de cuentas y control en el ejercicio de la función pública, pudiendo propiciar el pago de remuneraciones sin la asistencia a las sesiones plenarias”, señala el documento.

El Ejecutivo consideró que esta disposición desnaturaliza las funciones del diputado y permitiría evadir indirectamente el deber de asistir a las sesiones.

Diputados no pueden gestionar obras ni garantizar partidas

El presidente también objetó la disposición que facultaba a los diputados para gestionar y fiscalizar proyectos en sus circuitos, además de garantizar una inversión mínima en el Presupuesto General del Estado para carreteras, puentes, alcantarillados, electrificación, educación, agua potable y caminos de producción. Según el mandatario, estas responsabilidades no corresponden constitucionalmente a los diputados, sino al Órgano Ejecutivo, los municipios y la Contraloría General de la República.

Lea aquí el veto:

“Los diputados participarían tanto en la gestión de las obras como en el examen, modificación y aprobación del Presupuesto General del Estado que contendría las partidas destinadas a su ejecución”, advierte el documento. Para el Ejecutivo, esto produciría una dualidad de funciones, debido a que los diputados aprobarían los recursos destinados a proyectos que ellos mismos pretenden gestionar y fiscalizar.

Mulino también cuestionó que los funcionarios asignados a los despachos legislativos participaran en la gestión y fiscalización de obras comunitarias, debido a que estas tareas excederían sus competencias y duplicarían funciones de otras instituciones.

Objeción a la exclusión de funcionarios de la carrera legislativa

Otra disposición vetada establecía que el personal de los despachos de los diputados no tendría carácter permanente ni podría ingresar a la Carrera del Servicio Legislativo.

El Ejecutivo consideró que esta prohibición absoluta podría provocar la pérdida de derechos previamente reconocidos y afectar la estabilidad laboral. “Una ley ordinaria no puede crear categorías de exclusión absolutas ni prohibirle de forma permanente a un grupo de funcionarios la oportunidad de ingresar a una carrera mediante sus méritos”, sostiene la nota.

Rechazo al fuero laboral para diputados suplentes

El proyecto también buscaba impedir que los diputados suplentes que trabajan como servidores públicos fueran despedidos, trasladados o afectados por otras acciones de personal durante el periodo para el cual fueron elegidos.

Mulino calificó esta medida como un “fuero o privilegio injustificado”, porque otorgaría una protección laboral casi absoluta a los suplentes y rompería el principio de igualdad ante la ley.

Según el Ejecutivo, la estabilidad de los servidores públicos debe depender de sus méritos, competencia, lealtad y conducta en el ejercicio del cargo, no de su condición de diputado suplente.

Conflictos entre las comisiones legislativas

Las objeciones por inconveniencia también alcanzaron la distribución de funciones entre las comisiones permanentes.

El proyecto mantenía los asuntos energéticos y de hidrocarburos dentro de la Comisión de Comercio, pero, al mismo tiempo, incorporaba las energías limpias y renovables a la Comisión de Población, Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible.

“Esta propuesta introduce una duplicidad de funciones y superposición de materias que generará conflictos de competencia dentro de la propia Asamblea Nacional”, argumentó el mandatario.

Una situación similar se produciría en la Comisión de Educación, a la que se pretendía asignar asuntos relacionados con tecnología médica, comunicaciones digitales, conectividad, inteligencia artificial, seguridad informática y sistemas de vigilancia. El Ejecutivo señaló que estas materias ya pertenecen, por su naturaleza, a las comisiones de Salud, Transporte y Gobierno.

Juramentación de suplentes y entrega de útiles escolares

Mulino también cuestionó que los presidentes de las comisiones permanentes pudieran juramentar a diputados suplentes, debido a que esa facultad corresponde al pleno o a la Presidencia de la Asamblea.

Otra objeción se relaciona con la posibilidad de que la Comisión de Educación intervenga en la provisión de útiles, textos, mobiliario y locales escolares.

El presidente consideró que estas son tareas administrativas y operativas propias del Ministerio de Educación, por lo que la participación de los diputados excedería los límites del control político.

Cambios al texto y entrada en vigor

El Ejecutivo rechazó, además, que durante la elaboración del texto único de la ley pudieran introducirse modificaciones antes de su publicación bajo el argumento de aplicar técnicas legislativas. Advirtió que esta redacción podría permitir cambios que no fueron aprobados por el pleno.

Mulino también consideró inviable que las reformas entraran a regir el 2 de enero de 2027, debido a la falta de planificación presupuestaria, administrativa, tecnológica y reglamentaria.

La fecha, según el documento, cambiaría la estructura y las competencias de las comisiones a mitad de su periodo anual, lo que podría interrumpir la discusión de proyectos y desorganizar los equipos ya instalados.

Cabe señalar que, ante estas objeciones, el mandatario devolvió el proyecto sin sancionarlo, por lo que corresponderá a la Asamblea Nacional evaluar las observaciones y decidir el futuro de las reformas.