Por lesivo, piden que se archive iniciativa que otorgaría subsidio a víctimas de delitos sexuales

La iniciativa presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Cenobia Vargas, que crea el programa Mi Resguardo para protección de niñas víctimas de abuso sexual, al parecer, no ha sido bien acogido por todos los sectores de la sociedad.

Y es que, en un comunicado de prensa, el grupo Aliados por la Niñez y la Adolescencia y la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá pidieron que se suspenda el proceso legislativo y se archive el anteproyecto de ley que busca establecer un pequeño subsidio para las niñas menores de 12 años, que además de ser víctimas de abuso sexual quedan embarazadas.

Esto, por considerarlo lesivo a los derechos de las víctimas y contrario a normas nacionales e internacionales de protección a la niñez y adolescencia de las que Panamá es signatario.

A consideración del grupo, ante tan graves delitos, enfocar el resarcimiento hacia la vía económica, plantea una distorsión del fondo de estas violaciones desviando la atención y recursos que merecen las víctimas y reduciéndolo a un pago por su honra, dignidad, traumas y consecuencias de por vida.

"Este programa, lejos de prevenir o de proteger a la niñez y adolescencia, constituye una negación de sus derechos, al pretender responder ante la violencia sexual con un subsidio económico entregado a las víctimas, lo que minimiza su situación y las revictimiza. La existencia de un subsidio para niñas víctimas de violencia sexual que hayan sido embarazadas por su violador, las expone aún más a otras formas de violencia como la explotación sexual comercial, pudiendo convertirse este subsidio estatal en un incentivo para explotadores y pederastas", aseguró la organización en una comunicación oficial.

El ente exhortó a que en lugar de impulsar el anteproyecto, se tomen medidas integrales que contribuyan con la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, como:

• Estructurar y diseñar políticas públicas de protección con perspectiva de derechos y sustentada en evidencias, para combatir la impunidad y promover la tolerancia cero de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en las comunidades a nivel nacional.
• Asegurar el acceso a una justicia reparadora y garante de sus derechos, evitando la revictimización de las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en las esferas judiciales y durante los procesos penales, garantizando su protección y acompañamiento durante todas las etapas de investigación y de juicio, con atención especializada y seguimiento sico-emocional.
• Incluir la educación sexual integral en las escuelas para poder reconocer las distintas formas de violencia, para así prevenirla y denunciarla pertinentemente.
• Retomar con urgencia la discusión de la ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
• Revisar las sanciones y penas que aplican a violadores, abusadores, instigadores de delitos sexuales y sus respectivos agravantes en casos de que las víctimas sean personas menores de edad.

En Panamá según cifras oficiales del Ministerio Público de 2018, el 64% de todas las violaciones tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes, una dramática cantidad de 4,015 casos.

El 91% de las personas víctimas menores de edad son niñas y adolescentes mujeres. En el año 2019 se reportó un aumento de víctimas menores de edad del 23% (5,239) con respecto al 2018, manteniendo la proporción de niñas y adolescentes mujeres como víctimas en 91%.

En lo que va del primer semestre de 2020 se reportan 1,727 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de las cuales 1,537 son del sexo femenino.