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Interés preferencial: así impactan los cambios a compradores de vivienda desde 2026

Los cambios se basan en cuatro grandes aspectos. Ahora, la propuesta pasará a manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, para su debida sanción.

Una urbanización en la capital / TVN Noticias

Panamá/Con la aprobación en tercer debate, el proyecto de ley 341 introduce ajustes clave a la Ley 468, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Los cambios se basan en cuatro grandes aspectos. Se estableció el término de intermediarios financieros, que permitirá que, además de los bancos, podrán otorgar préstamos hipotecarios preferenciales otras entidades públicas y privadas autorizadas por la Superintendencia de Bancos.

Se deja claro, que el subsidio estatal le permite al Estado subsidiar el monto más bajo entre la tasa del tramo preferencial y hasta un 85 % de la tasa de interés del banco. Esto, de acuerdo a los conocedores del sector bancario, busca mayor control en el gasto público y evitar que se asuman intereses por encima del mercado.

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Se impone, además, que en los tramos preferenciales un único rango para viviendas nuevas con precios entre $80,000.01 y $120,000, con una tasa máxima subsidiada del 4 % y una duración de 7 años no renovables.

Y se derogó el polémico artículo 12 que había sido objetado por la banca y provocó la suspensión de la Ley 468 este año, que establecía, entre otras cosas, que los bancos debían evaluar al cliente 6–12 meses antes de que acabara el subsidio y ofrecer alternativas (extender plazo, reestructurar pagos, etc.).

¿Esta medida afecta o beneficia a los ciudadanos?

A partir de enero de 2026, quienes compren viviendas nuevas en el rango de $80 mil a $120 mil podrán acceder a préstamos hipotecarios con una tasa reducida de hasta 4 %, subsidiada por el Estado.

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Esto significa un “alivio” en las cuotas mensuales durante los primeros 7 años del crédito, aunque el beneficio será temporal y no renovable. Una vez concluido el plazo, los compradores deberán asumir la tasa de interés comercial que ofrezca el banco. Es decir, sus cuotas mensuales aumentarán.

Pero el riesgo es que, al eliminarse el artículo 12, los bancos ya no estarán obligados a ofrecer soluciones al finalizar el subsidio.

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