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Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que el proyecto de ley 491, que propone crear un fondo de equiparación para aumentar las pensiones de jubilados que reciben menos de 600 dólares, no fue consultado con el Ejecutivo ni con las entidades clave del sector económico.
La iniciativa plantea financiar este fondo mediante la imposición de cargos al movimiento de contenedores y a otras actividades del sector logístico y portuario.
Sin embargo, el mandatario indicó que desconoce el contenido del proyecto en su totalidad. “Ese proyecto apareció como apareció sin ningún tipo de consulta previa ni conmigo, ni con el ministro de Economía y Finanzas, ni con la Autoridad Marítima de Panamá”, sostuvo.
Mulino señaló que será la Asamblea Nacional la que deberá tomar una decisión final sobre la propuesta, la cual ya avanzó a tercer debate. En cuanto a una eventual sanción o veto, prefirió no adelantar criterio. “He leído con preocupación las manifestaciones de la Cámara Marítima; ese proyecto no tiene ningún apoyo”, agregó.
El proyecto 491 es impulsado por la diputada Grace Hernández y busca incrementar las pensiones de los jubilados y pensionados con ingresos por debajo de los 600 dólares mensuales. No obstante, la propuesta ha generado reacciones en el sector empresarial.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó su rechazo al proyecto, al considerarlo una medida improvisada, peligrosa y carente de sustento técnico, que podría afectar la estabilidad económica del país.
El gremio también advirtió que trasladar estos costos a un sector expuesto a la competencia internacional podría debilitar la posición de Panamá como centro logístico regional.
A esta postura se sumaron la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Cámara Marítima de Panamá, que han manifestado preocupación por los posibles efectos de la iniciativa en sectores clave de la economía.
El sector logístico, que representa aproximadamente el 11.8% del Producto Interno Bruto del país, sostiene una amplia red de empleos directos e indirectos.
En este contexto, la Cciap planteó que la figura de un fondo de equiparación puede ser válida, siempre que su financiamiento provenga de recursos existentes dentro del Estado y no de nuevas cargas a sectores productivos vinculados a la competencia internacional.