Mulino rechaza señalamientos de China contra Panamá tras fallo de la Corte sobre contrato portuario
Panama Ports Company (PPC) informó oficialmente en un comunicado que el 3 de febrero de 2026, que inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, en reacción al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato portuario con Panama Ports Company (PPC).
A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario afirmó que Panamá es un Estado de Derecho y subrayó que el país respeta las decisiones del Órgano Judicial, el cual, remarcó, es independiente del Gobierno Central.
“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao”, señaló Mulino, al tiempo que defendió la legitimidad del fallo emitido por la máxima instancia judicial del país.
De acuerdo con publicaciones de Router, la oficina encargada de los asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino calificó el fallo como absurdo, vergonzoso y patético, y señaló que se tomarán acciones para proteger los intereses de las compañías chinas involucradas.
Agregó, según lo publicado por la cadena internacional, que la decisión de la Corte ignora los hechos, vulnera la confianza y afecta los derechos legítimos de empresas vinculadas a Hong Kong.
La Embajada de China en Panamá, también hizo referencia a una comunicación oficial del portavoz del gobierno en el que indica que: "Hong Kong se opone categóricamente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, de presión u otras medidas irrazonables en las relaciones económicas y comerciales internacionales, en grave perjuicio de los derechos e intereses legítimos de gestión de las empresas hongkonesas".
De parte de Cancillería de Panamá, en un comunicado colgado en X, indicó que: "La República de Panamá reafirma, de manera clara e inequívoca, su compromiso con el Estado de Derecho, la separación e independencia de los órganos del Estado y el respeto irrestricto a sus instituciones democráticas".
Continúan señalando que la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia constituye el ejercicio legítimo de una facultad soberana del Órgano Judicial, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico panameño. Se trata de una determinación estrictamente jurídica, adoptada tras el análisis de una controversia legal relacionada con una concesión portuaria, y no de una decisión de carácter político ni geopolítico.
"El Gobierno Nacional respeta plenamente la independencia de los poderes del Estado y exhorta a todas las partes, nacionales e internacionales, a hacer lo propio, tal como se espera que ocurra cuando una empresa panameña o nacional es sometida a procesos judiciales en otras jurisdicciones soberanas".
Panamá recuerda que la neutralidad del Canal es un principio fundamental, protegido por el derecho internacional, por el tratado de neutralidad y por la propia Constitución, y que su resguardo incluye la defensa del interés público, la legalidad y la transparencia en la administración de activos estratégicos vinculados a su operación. Cualquier controversia relacionada con concesiones o contratos debe resolverse exclusivamente dentro del marco legal correspondiente.
Nuestro país mantiene una política exterior basada en el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la convivencia pacífica entre naciones. Panamá seguirá siendo un actor responsable, confiable y comprometido con un orden económico y comercial internacional justo, abierto y regido por normas", puntualizan.
Finalizan diciendo que la República de Panamá continuará defendiendo sus instituciones, su soberanía jurídica y el carácter neutral e internacional del Canal, en beneficio no solo del pueblo panameño, sino de la comunidad global a la que sirve esta vía interoceánica.
En tanto, Panama Ports Company (PPC) informó oficialmente en un comunicado que el 3 de febrero de 2026, que inició un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
El arbitraje surge luego de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato que regía la concesión portuaria, una decisión que ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional y que vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad jurídica, la soberanía del Estado y el respeto a las decisiones judiciales.
Según el comunicado de Panama Ports, la disputa surge tras lo que describe como "una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión", marcada por acciones que, según la empresa, causaron "daños graves y daños adicionales inminentes" a sus operaciones.
En fallo conocido el pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al determinar que el contrato-ley suscrito con Panama Ports Company, S.A. es lesivo al interés público y vulnera múltiples artículos de la Constitución Política, al otorgar beneficios desproporcionados a la empresa concesionaria en detrimento del Estado panameño y del bienestar colectivo.