Cuestionamientos tras aprobación de resolución que faculta a diputados para ejercer la abogacía

Ciudad de Panamá/En una decisión que ha encendido el debate sobre la ética parlamentaria y la separación de poderes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que faculta a 12 diputados para ejercer la profesión de abogados de manera privada durante su mandato constitucional.

La solicitud, amparada en una prerrogativa constitucional que permite a los legisladores litigar siempre que cuenten con el aval del Pleno, recibió el visto bueno tras la lectura de la idoneidad de los solicitantes por parte de Carlos Alvarado, secretario de la Asamblea.

Los beneficiados con la licencia

Entre los diputados que solicitaron y recibieron la autorización se encuentran:

• Principales: Isaac Mosquera, Shirley Castañeda, Jamis Acosta, Dana Castañeda, Ernesto Cedeño, Didiano Pinilla, Nelson Palma y Jairo Salazar.
• Suplentes: Hilda Marín, Arnulfo Arias Olivares y Ana María Poveda.

"Ventaja injusta y mercantilismo"

La medida no tardó en generar fuertes reacciones, especialmente desde la bancada independiente.

Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición Vamos, cuestionó la moralidad de la resolución, sugiriendo que algunos legisladores podrían priorizar sus ganancias privadas sobre su labor legislativa.

“¿En qué cabeza cabe que eso es correcto? Un diputado hace las leyes y luego llega a un tribunal a litigar, eso le da una ventaja evidente sobre quienes no lo son. Hay diputados en esa lista que ni siquiera asisten a la Asamblea pero harán plata como abogados privados”, denunció Vásquez.

Por su parte, el diputado Luis Duke advirtió sobre el mecanismo de control que la Asamblea ejerce sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según Duke, un diputado-abogado presenta una "influencia inevitable" ante los jueces, dado que el Legislativo es el órgano encargado de juzgar a los altos mandos del Judicial.

"No llegaremos a la Corte"

Ante los señalamientos, el diputado del partido Molirena, Isaac Mosquera, uno de los autorizados, admitió la existencia de tensiones éticas pero defendió su derecho al ejercicio profesional.

“No puedo negar que hay conflicto de intereses en la Corte, porque ellos nos juzgan y nosotros a ellos. Pero somos responsables: en mi caso, llevaré procesos solo hasta segunda instancia, lógicamente no llegaremos a la Corte”, justificó Mosquera, asegurando que su actuación se limitará a los tribunales inferiores para mitigar dicha fricción.

Con información de María De Gracia