Diputados reaccionan al fallo de la Corte sobre el contrato con Panama Ports

Ciudad de Panamá/Durante el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional, varios diputados se refirieron al contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo declarara inconstitucional. Los parlamentarios coincidieron en señalar la responsabilidad de las administraciones que aprobaron y renovaron el contrato, así como el impacto negativo que este caso tiene en la imagen del país.

Según expresaron, la situación genera un mensaje desfavorable hacia el exterior, al evidenciar debilidades en la forma en que el Estado negocia y administra sus contratos.

A su juicio, este escenario pone en riesgo la confianza de inversionistas y afecta la credibilidad de Panamá como destino seguro para las inversiones, por lo que insistieron en la necesidad de revisar con mayor rigor el tipo de concesiones que se otorgan y los términos bajo los cuales se negocian o renegocian.

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Los diputados señalaron que la decisión de la Corte marca un antes y un después, al no tratarse únicamente de la operación de puertos, sino de la seguridad jurídica del país. Indicaron que cuando el Estado firma contratos que décadas después son declarados inconstitucionales, se proyecta la percepción de que no existen reglas claras ni estabilidad en el marco legal panameño.

También se cuestionaron las concesiones calificadas como abusivas y lesivas para el país. De acuerdo con los señalamientos realizados en el pleno, el fallo sobre Panama Ports evidencia una lesión económica superior a los 1,200 millones de dólares que, según indicaron, dejaron de ingresar al Estado producto de un contrato considerado mal negociado. Añadieron que esta decisión representa un paso hacia la rendición de cuentas ante la justicia.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el contrato otorgaba privilegios y favorecía intereses particulares, además de que no se pactaron las mejores condiciones para el Estado panameño, representado en ese momento por la Autoridad Marítima de Panamá.

Los abogados demandantes explicaron que el contrato vulneraba al menos 13 normas constitucionales. Uno de los juristas también señaló que el acuerdo incluía exoneraciones portuarias que, a su criterio, no debieron concederse bajo los términos establecidos.

Con información de Yenny Caballero