'Es legal': Mulino defiende facultades del contralor para aplicar secuestro de bienes
Mulino precisó que, a su juicio, la medida “no invade jurisdicciones de otra índole del Poder Judicial o del Ministerio Público”, y recordó que la normativa que rige a la Contraloría “viene de 1984”.
Panamá/En medio de los cuestionamientos surgidos por la resolución sobre medidas precautorias emitida por la Contraloría General de la República, el presidente José Raúl Mulino dio este jueves un espaldarazo al contralor Anel Flores, al defender la legalidad de las disposiciones que permiten el secuestro de bienes en favor del interés público.
Estuve viendo ese tema ayer con la ley en la mano. El contralor general de la República tiene amplias facultades para ejercer medidas cautelares siempre que exista mérito suficiente o causa suficiente para rescatar daños patrimoniales al Estado, malversación de fondos, etcétera. Obviamente, el contralor no puede ir a secuestrar cualquier propiedad; tiene que estar ligado a un proceso, y eso es legal”, aseguró el mandatario.
Mulino precisó que, a su juicio, la medida “no invade jurisdicciones de otra índole del Poder Judicial o del Ministerio Público”, y recordó que la normativa que rige a la Contraloría “viene de 1984”.
El reglamento firmado por el contralor Anel Flores, el 23 de septiembre, también faculta al ente fiscalizador a aplicar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”.
Estas medidas, recaerán sobre el patrimonio de los agentes y empleados de manejo, funcionarios y cualesquiera personas, naturales o jurídicas, que se encuentren vinculadas a las irregularidades descubiertas en el manejo de fondos y otros bienes públicos.
Acuérdese una cosa: la Contraloría es un ente poderosísimo, no por mi gobierno. Esa ley viene de 1984, si mi memoria no me traiciona. En aquel tiempo era excesiva… y el primer contralor que de verdad marcó efectivamente el uso de esa ley fue Rubén Darío Carles Chinchorro”, afirmó.
Al ser consultado sobre las revocatorias de mandato que algunos grupos ciudadanos impulsan contra distintas autoridades locales, Mulino las calificó como “hechos políticos” y resaltó que, aunque están contempladas en el Código Electoral, son difíciles de ejecutar.
Recuerdo la que ejercitaron contra el exalcalde Fábrega. No llegaron ni al 5%, ni al 2%, porque una cosa es hablar y otra ir a la calle a convencer y buscar que te firmen con cédula”, dijo.
El mandatario señaló que el proceso es un derecho ciudadano, pero con limitaciones prácticas. “Hay libertad de ejercer ese derecho ciudadano, pero de ahí a que usted consiga la firma, son otros 500 pesos. Está en la ley, y el que quiera arrancar un proceso puede hacerlo”, dijo.
En la actualidad, hay unos 15 procesos andados sobre revocatoria de mandatos.