Gremios periodísticos en alerta por condena contra La Prensa

El Juzgado Décimo Tercero Civil condenó al diario La Prensa S.A. y editorial por La Democracia S.A., a pagar la suma de $600 mil por “daño moral” y $60 mil en costas, así como la publicación de la parte resolutiva de la sentencia, a favor de los hermanos David y Daniel Ochy, directores y representantes legales de la empresa contratista Transcaribe Trading S.A. (TCT).

Los gremios periodísticos han calificado esta condena como un "atentado contra la libertad de expresión" y están sumamente preocupados, porque consideran que representa una amenaza sobre el papel crítico de los medios de comunicación a la administración pública, el rol de la actividad de los contratistas del Estado y la fiscalización del uso de los fondos públicos, así lo destaca el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) en un comunicado difundido este jueves, 10 de diciembre.

Tvn-2.com, conversó con el abogado del diario La Prensa, Adán Arnulfo Arjona, quien cuestionó la decisión de la juez Melina Robinson. En el fallo la funcionaria explicó que La Prensa es responsable del daño moral causado a los hermanos David y Daniel Ochy, por las publicaciones de los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012, ya que en las notas periodísticas se formularon críticas a la forma como el Estado otorgó las licitaciones y adjudicación directa de obras millonarias a la empresa. Según las evaluaciones médicas, "se observa una afectación de daño moral", la cual radica, "en una disminución de su reputación al perder la oportunidad de crecimiento internacional de su empresa a partir de dichas publicaciones", destaca el documento.

Arjona señaló que: “La decisión es desventurada, en un tema tan sensible como la libertad de expresión e información. Nosotros en el diario lo que hicimos fue reportar una serie de contrataciones de carácter público, donde estaban involucrados fondos públicos y los demandantes consideraron que eso les afectaba su imagen y por eso presentaron una acción civil contra el medio de comunicación”.

Agregó, que la sentencia “es poco explicativa para llegar a esa conclusión”, “lo que se puede leer entre líneas, sería justamente que se sostiene un criterio de que solo publicar, hace responsable al medio”, manifestó.

La defensa del diario local panameño considera, que “hay que hacer un examen fundado, responsable de todo el contenido de la noticia, contrastarlo con la realidad, examinar si en realidad hubo un acto que pudiera tildarse de negligente”.

El medio de comunicación demandado, ha interpuesto un recurso de apelación contra la decisión de la jueza Robinson, ya que consideran, que no tiene lugar la reclamación que se ha planteado.

Reacciones

Guillermo Antonio Adames, presidente de la Fundación Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, expresó su sorpresa ante el fallo, “esto vulnera y lesiona una serie de acuerdos que sostiene Panamá en materia de derechos humanos que tiene que ver con la libertad de expresión e información”.

Según Adames la sentencia “debe anularse porque los señores Ochy, desde hace mucho tiempo han prestado un servicio, y lo que puede ser grave es que la empresa privada pretenda que pueden tener contratos con el Estado y no hay nadie que los supervise por fuera”.

“Nuestra labor es y será de fiscalización, de que los dineros de los contribuyentes realmente sean debidamente invertidos para beneficios de todos”, señaló.

Para Adames, esta acción legal crea un mal precedente, lo que no habla bien de los propios tribunales. “Pretender callar a un medio que puntualizó y señaló supuestas irregularidades y se trata de coartar esa posibilidad, cuando el diario ofreció el derecho a réplica para que defendieran con argumentos y se negaron a aceptarlo, es sospechoso y salieron con esta demanda, que demuestra hostilidad y pretender vulnerar la libertad de expresión”.

De igual forma, el CNP destaca: "Panamá se debate en medio de una serie de acusaciones por peculado y mal uso de los fondos públicos por parte del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, por lo que propiciaremos el derecho que tiene todo ciudadano de saber sobre el uso que se le da a los fondos, y entender que quienes hagan negocios con el Estado, serán vigilados de cerca por los medios de comunicación social".

Publicaciones

Según publicaciones del diario de circulación nacional, la noche del 2 de agosto y la madrugada del 3 de agosto de 2012, la sede de Corporación La Prensa (Corprensa), fue bloqueada por más de 20 camiones de TCT, con la intención de impedir la circulación de los periódicos, como medida de protesta por la difusión de información, donde hacía referencia a los contratos por más de $400 millones otorgados a la compañía constructora, durante la administración del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.