Juicio Odebrecht: Fiscalía alega que Martinelli 'sabía' del origen ilícito de los fondos

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras 5 horas y 29 minutos de alegatos, la fiscal Ruth Morcillo aseguró ante el tribunal que para el expresidente Ricardo Martinelli se ha probado que “previó razonadamente” la conducta imputada, al tener conocimiento de que los fondos que recibió provenían de pagos corruptos vinculados a Odebrecht.

“El expresidente sabía y tenía conocimiento de que los dineros que recibía eran provenientes de pagos corruptos, de pagos de coimas a través de las pagadoras de Odebrecht”, afirmó la fiscal, al sostener que también es autor del delito de blanqueo de capitales contemplado en el Libro Segundo, artículo 254 del Código Penal.

“Por ende, también es autor de la conducta establecida en el Libro Segundo, artículo 254 del Código Penal, por el delito de blanqueo de capitales, porque recibe fondos previendo razonablemente que proceden con actividades relacionadas no solo con el soborno internacional, peculado y administración pública”, añadió.

Durante su intervención, centrada en demostrar que los acusados “previeron razonablemente” la comisión del delito, Morcillo hizo un extenso recuento de pruebas, acuerdos internacionales y diligencias practicadas a lo largo de 10 años de investigación en uno de los procesos más complejos de la historia reciente del país.

En sus alegatos aseguró que los exministros: Demetrio Papadimitriu, Frank De Lima, así como el expresidente Ricardo Martinelli. También Jaume Pamie Dolade, Fransec Xavier Perez y Cristina Lozano Bonnet tenían conocimiento del delito de blanqueo de capitales.

La sustentación

Morcillo explicó que esta primera fase era “necesaria para fijarlos nuevamente en la mente del tribunal y todos los que nos llevan a este estado procesal. Las personas acusadas previeron razonablemente la comisión del hecho (…)”.

La fiscal recordó el auto mixto del 7 de noviembre de 2022, que estableció el llamamiento a juicio, y dejó sentada la autonomía del delito de blanqueo de capitales. Señaló que el análisis probatorio permite identificar tipologías como sociedades interpuestas, inexistencia de relaciones comerciales que justifiquen movimientos financieros, fraccionamiento de ingresos y operaciones con negocios simulados.

Además, abordó uno de los temas centrales que ha marcado el desarrollo del juicio desde mediados de enero: la teoría del árbol envenenado, argumento reiterado por los abogados defensores, quienes sostienen que, al haberse caído el caso en Brasil, la misma lógica debería aplicarse en Panamá. Frente a ese planteamiento, la representante del Ministerio Público explicó ante la jueza Baloisa Marquínez por qué, desde su perspectiva, esa interpretación no procede en este proceso. Retomando parte de su intervención.

Al respecto, señaló que “no es absoluta la aplicación en este caso de la teoría del fruto del árbol envenenado. A juicio del Ministerio Público, tiene la juez otros elementos de prueba que se sustentan no solo en una de las reglas de exclusión de la prueba ilícita que sería la buena fe, sino también la fuente independiente y el inevitable descubrimiento, toda vez que se ha llegado a estos resultados con otras pruebas incorporadas en la investigación. Una de ellas, juez, es la prueba incorporada, la prueba número nueve; solo voy a citar a esta juez, incorporada como prueba extraordinaria y que corresponde al resultado de la asistencia judicial de los Estados Unidos", en el que se reconoció un “esquema utilizado para realizar pagos aproximadamente por 788 millones en sobornos en asociación con más de 100 proyectos en 12 países”, incluyendo Panamá. Se explicó que existió una estructura financiera secreta denominada Departamento de Operaciones Estructuradas para canalizar pagos ilícitos.

Según la fiscal, entre 2009 y 2012 Odebrecht ordenó pagos a familiares de un alto funcionario gubernamental para asegurar desembolsos de proyectos, que son piezas claves para la investigación.

Recordó igualmente el acuerdo suscrito el 26 de julio de 2017 entre el Ministerio Público y Constructora Norberto Odebrecht S.A., homologado el 9 de noviembre de 2017, que permitió identificar múltiples sociedades vinculadas a funcionarios panameños. Este acuerdo, dijo, permitió establecer las sociedades que guardan relación con funcionarios panameños.

Entre ellas figuran Malena Investment S.A., Hobert International Limited, Waila Holding Corp., Jaime Lasso Del Castillo, V-Tech Ltd., Fundación Don James, Poseidon Enterprises Ltd., By Tech Group Inc., Kerry Chong Co Ltd., Feness Investment S.A., Marpesca Seatrade UK y Herzone Overseas Ltd.

También se identificaron Next Trading Corporation, Mundial de Valores, Silva de Navarro, Pacific Advisors Group Ltd Inc., Strategic Management, Zhong Xin Fa, Vernel Development Corp., Raffin Limited, Greenbridge Overseas, Sarawak Corp. y Aib Trust Ltd. A la lista se suman Aragon Finance Corp., Caribbean Holding Services, Mavur Consultants Ltd., Cori Business Brokers & Consulting Inc., Kadar Investment, Fodrel International Ltda., Inmobiliaria Juanvier, H&F Gran Gmbh, Lashan Corp., Formatel Overseas Corp., Idalmo Holding Ltd. y Dantys Services Ltd.

Entre los resultados procesales presentados destacó que “se formuló cargos por delito de blanqueo de capitales a 101 personas naturales; como resultado de la etapa de calificación, se llaman a juicio 37 personas”. También dijo que se “sancionó a la empresa Constructora Norberto Odebrecht con una multa de $220 millones de dólares” y que “se aprehendió dinero por la cantidad de $16,050, 536.92 en Panamá y en jurisdicciones extranjeras, la suma de $ 43,117, 612.75”

La fiscal también abordó el análisis de la participación criminal y sostuvo que el prestigio internacional de la empresa no desvirtúa la responsabilidad individual de los acusados.

En ese contexto, detalló el rol de funcionarios de Banca Privada de Andorra, entre ellos Jaume Pamie Dolade, quien era un “empleado de BPA. Serveis, fue “identificado como el contacto con BPA para la constitución de Pachira y Mengil”. Mientras que Francesc Xavier Pérez, alias Cisco, es identificado como el gerente de Noswey (asesoramiento financiero), presentaba el negocio a los ‘testaferros'. En tanto, Cristina Lozano Bonnet mantuvo una “vinculación directa en la apertura de las cuentas a favor de Demetrio Papadimitriu (Ministro de la Presidencia)”.

Asimismo, recordó las “declaraciones de los colaboradores”, que incluyen señalamientos de Olmedo Méndez Tribaldos, José Luiz Saiz Villanueva, Andrés Mozzes, Gabriel Alvarado Far y Mauricio Cort y García.

Explicó cómo estas figuras se encuentran vinculadas a varios exministros acusados en el caso Odebrecht. Entre ellos mencionó al exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

También la jueza expuso la participación del expresidente Ricardo Martinelli, quien es mencionado en varias declaraciones, entre ellas la de André Rabello, señalando que este tenía conocimiento de las gestiones que realizaba ante los diferentes ministerios y que, a través de sus hijos Ricardo y Luis Martinelli Linares, también se efectuaban pagos ilícitos producto de las coimas solicitadas para poder seguir ejecutando proyectos dentro de la República de Panamá. Por su parte, Luiz Mameri explicó el mecanismo de pago al expresidente, a quien denominaban “Aguia”.

El expresidente sabía y tenía conocimiento de que los dineros que recibía eran provenientes de pagos corruptos, de pagos de coimas a través de las pagadoras de Odebrecht”.

En cuanto a Aurora Muradas, la fiscal solicitó su absolución al indicar que no se pudo probar que ella tuviera conocimiento ni dominio del hecho respecto a la conducta específica de blanqueo de capitales. En ese sentido, pidió sentencia absolutoria para ella.

La Fiscalía sostiene que la red de sociedades offshore y cuentas en el extranjero permitió canalizar fondos ilícitos hacia funcionarios públicos en distintos proyectos ejecutados entre 2004 y 2017.

El proceso continúa mañana con la Fiscalía y posiblemente con uno de los abogados defensores.