Luis Oliva, exdirector de la DGI seguriá detenido: Le niegan cambio de medida por caso de enriquecimiento injustificado

El exdirector de la AIG es investigado por un presunto enriquecimiento injustificado que supera los 957 mil dólares, según el Ministerio Público.

Luis Oliva, exdirector de la AIG. / TVN Noticias/Archivo

Panamá/Luis Oliva, exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se mantendrá bajo detención provisional luego que, por segunda ocasión, el Juzgado de Garantías le negara la solicitud de cambio de esta medida cautelar, que lo mantiene en reclusión carcelaria mientras es investigado por enriquecimiento injustificado.

Esta decisión fue asumida en audiencia de revisión de medida cautelar, en la que participó la Fiscalía Anticorrupción. Oliva dirigió la AIG durante el periodo 2019-2024 y está imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

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La Fiscalía sustendó ante el Juzgado de Garantías que no habían variado las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la detención provisional , posición con la que coincidió el juzgador, al destacar el riesgo asociado a la naturaleza del hecho investigado.

¿Por qué es investigado Luis Oliva?

La investigación del Ministerio Público se inició a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, con fecha del 15 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese informe se habría detectado un presunto incremento patrimonial injustificado que supera los 957 mil dólares. Con base en estos elementos, el Ministerio Público le formuló cargos al exfuncionario el 31 de mayo de 2026.

Además, Oliva enfrenta otra investigación por los presuntos delitos de peculado, corrupción y asociación ilícita, en perjuicio de la AIG por la supuesta contratación irregular del sistema de pago para el Vale Digital.

En este caso, la Fiscalía, en audiencia de control de garantías, reveló un presunto complejo entramado de supuestas irregularidades en el manejo de fondos estatales y el uso de plataformas tecnológicas durante la pandemia del covid-19. Los fondos destinados por el Mides, Mitradel e Ifarhu habrían alcanzado alrededor de $100 millones en el marco del plan Panamá Solidario.

Según la fiscalía, Oliva habría permitido la malversación y el uso indebido de la base de datos del Estado, entregándola a un privado que lucró con ella sin contar con contrato con el Estado

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