Ley 134: Estos son los derechos y descuentos exclusivos para personas con discapacidad en Panamá

El acceso a beneficios sociales y económicos de gran impacto ya está garantizado para aquellos que cuenten con la certificación correspondiente del Senadis.

Personas con capacidades especiales / Foto/TVN-2.com

Ciudad de Panamá/El 31 de diciembre de 2013, entró en vigencia la Ley 134, un hito en los derechos de las personas con capacidades especiales en Panamá.

Esta Ley tiene como objetivo la equiparación económica de las personas con discapacidad que se encuentren en el territorio nacional, fundamentada en los principios de equidad, no discriminación, participación, corresponsabilidad, equiparación de oportunidades, respeto a la dignidad personal, así como en los derechos humanos establecidos en la Constitución Política y en los instrumentos jurídicos ratificados por la República de Panamá.

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Beneficios de las personas certificadas por la Senadis. / Foto/Senadis

La Ley 134 ha revolucionado el acceso a servicios esenciales, permitiendo que las personas con discapacidad disfruten de una serie de descuentos significativos en diversas áreas. Entre los más destacados, se incluyen:

Sin lugar a dudas, esta ley busca nivelar el terreno para aquellos que históricamente han enfrentado barreras en su acceso a servicios básicos y de ocio. Sin embargo, aún existen desafíos para asegurar que estos beneficios sean plenamente aprovechados por todas las personas con discapacidad, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso.

A pesar de la magnitud de estos avances, sigue siendo esencial que las personas afectadas se mantengan informadas y hagan valer sus derechos, ya que muchas veces la falta de divulgación y conocimiento impide que los beneficiarios disfruten de las ventajas que les corresponden.

Los interesados deben estar debidamente certificados por la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y presentar su documentación en los lugares correspondientes para acceder a los descuentos.

Con esta legislación, el país da un paso decisivo hacia la inclusión de las personas con discapacidad, fomentando una sociedad más equitativa y justa. Sin embargo, el desafío sigue siendo que todos los ciudadanos estén al tanto de sus derechos y los utilicen de manera efectiva.

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