Jelou!
En vivo
ciudad de panamá/El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, calificó como un “alivio” el anuncio realizado por la Corte Suprema de Justicia la noche del martes, en el que se suspenden las jubilaciones especiales exclusivamente para los magistrados de este órgano, sobre todo por el morbo que —según dijo— se estaba generando en torno al tema.
Álvarez añadió que también deben modificarse algunos requisitos para ser magistrado de la Corte, como aumentar la edad mínima de 35 a 45 años y elevar el salario de $14,000 a $20,000 mensuales.
“Yo creo que deben ser de por vida. ¿Qué ocurre cuando un magistrado se retira de la Corte a los 60 o 65 años? Es posible que los vea por ahí buscando trabajo porque no tienen una jubilación digna. Yo propondría un sueldo de 20,000 dólares”, manifestó.
Álvarez atribuyó los retrasos o la falta de aciertos judiciales de la Corte en algunos casos de alto perfil a la exigencia de presentar una 'prueba idónea', la cual —dijo— en muchas ocasiones es difícil de obtener. Agregó que el sistema judicial cuenta con un mecanismo de evaluación en el que los jueces califican a los jueces municipales y los magistrados a los jueces, pero no existe una instancia que evalúe a la propia Corte ni la mora judicial en los despachos.
Recordó que en 1990, mediante un decreto ejecutivo, se redujo la jubilación de los magistrados. La medida fue demandada y la propia Corte falló que no era inconstitucional.
“En ese tiempo, los magistrados ganaban $3,500, se jubilaban con $2,500, y al limitarles la jubilación a $1,500, las personas perdieron $1,000. Una persona que estaba por jubilarse y le reducían sus ingresos a casi una tercera parte… muchos quedaron prácticamente en la indigencia”, afirmó Álvarez.
De acuerdo con el abogado, la única forma de acabar con las jubilaciones especiales es modificar la Constitución y establecer los montos límites de las mismas. Continuó diciendo que 'la población fue muy injusta' con los magistrados, ya que una cosa es criticar y otra, insultar. En ese sentido, dijo que lo que debe proceder es darle curso a las demandas presentadas contra el acuerdo y darle fin al tema.
Sobre la nueva ley que exige un examen de barra para ejercer la abogacía en Panamá, Álvarez la consideró un 'total retroceso', asegurando que el derecho es constantemente cambiante. Destacó el hecho de que sea la Universidad de Panamá la encargada del examen, debido a que vendría a ser juez y parte, porque también imparte la carrera.