MiAmbiente denuncia presunta tala ilegal dentro del Parque Internacional La Amistad
Las evidencias recabadas apuntan a una presunta tala dentro de un área protegida, por lo que los análisis técnicos permitirán establecer la magnitud de los daños ocasionados al ecosistema forestal.
El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de un delito ambiental, tras detectar indicios de tala y posibles daños a árboles dentro del Parque Internacional La Amistad (PILA), en el sector Pacífico de esta área protegida.
El hallazgo se produjo durante un patrullaje de control y vigilancia en el sector de Horqueta, donde guardaparques identificaron evidencias de una posible tala y señales de anillamiento de árboles, una práctica que puede provocar el debilitamiento y la muerte de los ejemplares afectados.
MiAmbiente informó que solicitará una inspección técnica forestal para determinar la extensión del área afectada, identificar las especies impactadas y evaluar las posibles consecuencias para la biodiversidad. También se verificarán las coordenadas geográficas para confirmar que las afectaciones se encuentran dentro de los límites del parque.
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Como parte de las diligencias, los funcionarios recopilaron fotografías, coordenadas y otros elementos técnicos que fueron incorporados a la denuncia. Los resultados de la inspección permitirán establecer la magnitud de los daños y sus posibles repercusiones sobre la flora, la fauna y los servicios ambientales que proporciona el bosque.
El Parque Internacional La Amistad es un área protegida compartida por Panamá y Costa Rica, reconocida por su importancia ecológica y por albergar una amplia diversidad de especies. Su conservación busca mantener la integridad de los ecosistemas y proteger los beneficios ambientales que estos brindan a las comunidades y a las futuras generaciones.
De acuerdo con el artículo 406 del Código Penal, la tala, destrucción o degradación de formaciones vegetales boscosas o áreas sujetas a protección especial, sin autorización o en contravención de las normas vigentes, puede acarrear penas de tres a siete años de prisión, incluidos los daños ocasionados dentro de áreas protegidas.
La investigación quedó en manos del Ministerio Público, que deberá esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.