Nuevo acuerdo municipal desata polémica por cambios de zonificación

Representantes de la Red Ciudadana Urbana han reaccionado en rechazo a un nuevo acuerdo municipal que permitiría, hacer cambios en la zonificación que ya está establecida.

María Chávez, presidenta de la agrupación, aseguró que el acuerdo es inconsulto y recordó que desde el 2012 han estado luchando para pedir a las autoridades y gremios de la construcción, hacer una ciudad amigable para todos, con avenidas para peatones, cables soterrados y un sistema de transporte que sea funcional.

Chávez asegura que lo grave del acuerdo es que se permitiría el desorden por parte de los promotores, por lo cambios que supuestamente se habrían aprobado mediante el acuerdo del Concejo Municipal 112-A.

Por su parte, el arquitecto Mario Solís, sostiene que hay cosas puntuales que ponen en peligro los avances que se han dado en materia respecto a los espacios públicos.

En la práctica, resalta Solís, el acuerdo hace inefectivos los planes de ordenamiento territorial de San Francisco que buscan ordenar los espacios.

El nuevo acuerdo 112 A, permite al desarrollador o a cualquier ciudadano que pueda poner una discoteca, por ejemplo, en un área que es establecida como residencial.

Chávez aseguró que en Panamá la construcción se ha desarrollado de manera caprichosa y violatoria a normativas y derechos de los ciudadanos, lo que es muy grave.

La presidenta de la red resaltó que están hartos de las decisiones que se han tomado en Consejo Municipal porque se violan los derechos de los ciudadanos que quieren tener una ciudad adecuada.

“Una ciudad no puede crecer si las personas que están involucradas o autoridades no respetan las leyes del país”, dijo.

En Concejo no hicieron las consultas para aprobar el acuerdo.

Los representantes de la red dejaron claro que utilizarán las medidas que se les permita por la ley para evitar que siga avanzando el acuerdo.

Alcaldía responde

Antonio Docabo, director de obras y construcciones del Municipio de Panamá, contrarió lo planteado por los integrantes de la Red Ciudadana Urbana, y explicó que lo que se quiere es tener un mecanismo de acción más rápido para cuando alguna construcción privada se toma parte del espacio público.

Detalló que en el procedimiento actual, después de hacer una inspección, en cualquier incumplimiento, subsanables o insubsanables, pasan un proceso donde se genera una resolución que admite un recurso de reconsideración.

Incluso después de ser negada la reconsideración, se admite una apelación que va a Gobernación, lo que quiere decir que hasta la multa más sencilla puede acabar en esa instancia. Actualmente hay hasta 100 casos en Gobernación.

El acuerdo 112 A lo que busca es que donde se confirme que la construcción fue hecha, violando espacios públicos, se pueda demoler mediante un proveído de demolición que es de mero obedecimiento.

Según Docabo, con ello se garantiza que una vez se instale el acuerdo, se pueda demoler cualquier construcción que se robe espacios públicos.

Ha dicho que es la mejor solución que se ha encontrado para poder demoler las construcciones que invaden espacios públicos.