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Panamá actualiza procedimiento sancionatorio ambiental con nuevas multas y medidas correctivas
La normativa establece procedimientos específicos para casos de reincidencia, duplicando las sanciones cuando corresponda, y mecanismos de cobro coactivo para quienes incumplan el pago de las multas impuestas.
El Gobierno Nacional actualizó el procedimiento de sanción por infracciones ambientales mediante un nuevo decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial GO. 30534, que subroga el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2017. La normativa moderniza los mecanismos de fiscalización, sanción y coordinación institucional para enfrentar de manera más efectiva las afectaciones al ambiente y los recursos naturales.
La nueva reglamentación, resultado de una amplia consulta pública y ciudadana, establece procedimientos más claros para la atención de infracciones en casos de flagrancia, cuando las personas sean sorprendidas por servidores públicos o agentes autorizados en la comisión de una falta. El decreto define criterios específicos para determinar la flagrancia, entre ellos la observación directa, la posesión de instrumentos utilizados en la infracción y la utilización de evidencia digital.
Multas desde 25 dólares hasta varios miles
El decreto tipifica infracciones relacionadas con recursos forestales, hídricos, calidad del aire, áreas protegidas y vida silvestre. Las multas oscilan entre 25 dólares y varios miles de dólares, según la gravedad de la falta. Las sanciones incluyen además el decomiso de bienes, órdenes de restauración ambiental y acciones correctivas de mitigación.
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La normativa establece procedimientos específicos para casos de reincidencia, duplicando las sanciones cuando corresponda, y mecanismos de cobro coactivo para quienes incumplan el pago de las multas impuestas.
Reparación ambiental y supervisión regional
El decreto incorpora medidas orientadas a la reparación de los daños mediante acciones de limpieza, reforestación y remediación. Las direcciones regionales de MiAmbiente serán responsables de supervisar el cumplimiento de las acciones correctivas en cada provincia.
La normativa también establece mecanismos para solicitar autorización judicial de ingreso a propiedades privadas cuando sea necesario investigar posibles infracciones, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la proporcionalidad de las actuaciones.
Marco legal de respaldo
Las nuevas disposiciones se fundamentan en la Ley 8 de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente y le otorga facultades sancionatorias; la Ley 287 de 2022, que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos; y la Ley 371 de 2023, orientada a la protección de las tortugas marinas y sus hábitats.
