Mulino admite contratos millonarios y pide que se cumplan los pagos
El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino salió al paso de los cuestionamientos en su contra, en relación con supuestos sobrecostos durante su gestión y admitió que sí se avalaron, al tiempo que los justificó.
Mulino durante una entrevista en Noticias AM, incluso, dijo que "me siento orgulloso de haber abastecido a la fuerza pública".
Agregó que el Estado debe cumplir con los pagos correspondientes a los contratos pactados durante su administración al frente del Ministerio de Seguridad.
"El Estado firma contratos, los contratos son leyes entre las partes. El Estado tiene que cumplirlos, no puede decir no pago o pago cuando me da la gana", dijo Mulino esta mañana.
Sus declaraciones surgen tras la denuncia que hizo su sucesor Rodolfo Aguilera sobre "contrataciones abultadas" en esa entidad.
Según Alguilera, se investigan contratos para la adquisición de granadas lacrimógenas y para la póliza de seguros colectivos de vida y salud.
En el primer caso, el precio del contrato refrendado en 2013 fue de $8,849,542, cuando el precio subtotal de mercado se ubicó en $1,138,313.
Sobre la póliza de seguros colectivos de vida y salud, Aguilera explicó que la aseguradora que presta el servicio tiene un contrato por $16.2 millones. Sin embargo, hay un diferencial de $5.4 millones y de $4.5 millones con relación a las dos cotizaciones que hicieron dos aseguradoras.
JUSTIFICA CONTRATOS
La empresa aseguradora que maneja la póliza para la fuerza pública es Internacional de Seguros. S.A., sin embargo; en un principio fue Assala compañía que ganó la licitación estableciendo precios inferiores, pero "rodó 10 meses con el contrato y solicitó un incremento de la prima de un 30%" por siniestros, explicó Mulino.
El exministro aseguró que Assano administró la póliza como lo hizo Internacional de Seguros y agregó que el contrato no permitía adendas por precios.
Al ser consultado sobre el supuesto sobreprecio por 5 millones de dólares, Mulino dijo: "Eso fue lo que cotizaron las otras de menos, pero si Assaque fue la que se lo ganó no pudo con el contrato muchos menos iban a poder las otras".
Acto seguido, indicó que todo se dio porque se le rescindió el contrato a la empresa [Assa] y negó que se trate de "sobrecostos", ya que según él, Internacional de Seguros licitó en base a un requerimiento y sacó sus números "bien sacados".
El exjefe del Ministerio de Seguridad intentó evadir la responsabilidad por los cuestionados contratos y dijo que nunca funcionó sin control previo y que todos fueron revisados por instancias correspondientes, entre ellas, la Contraloría General de la República.
Esa entidad, durante la pasada administración gubernamental fue liderada por la contralora Gioconda Torres de Bianchini, quien ha sido severamente cuestionada por la nula fiscalización de la utilización de fondos del Estado durante su gestión.
"ME SIENTO MUY ORGULLOSO"
Otro de los cuestionamientos que pesa sobre el exministro es la compra de unas 30 mil granadas lacrimógenas.
Al respecto indicó que "el ministro no es el que compra las bombas, eso lo hace la Policía Nacional" y se refirió a la calidad de los productos adquiridos y la distribución que se debe hacer a nivel nacional para que todas las zonas policiales cuenten con el equipo adquirido. Asimismo dijo que se debe tomar en cuenta el precio del transporte, los intereses bancarios y la ganancia del proveedor.
"Siempre compramos lo mejor, me siento muy orgulloso de haber abastecido a la fuerza pública de los mejores equipos", dijo Mulino, quien ya lideraba el Ministerio de Seguridad en 2010 cuando se desató una ola de violencia en la provincia de Bocas del Toro por protestas contra la denominada "ley chorizo", que entre otros aspectos, limitaba el derecho a huelga y eliminaba el deber de presentar estudios de impacto ambiental en las obras que para el Estado fueran de interés social.
Miembros de los estamentos de seguridad reprimieron a indígenas y campesinos con gases lacrimógenos y perdigones. El saldo: Cientos de heridos y dos muertos por perdigones.
La Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre estos hechos, donde se contabilizaron 716 heridos, siete muertos- dos adultos y cinco menores durante las casi dos semanas que duraron los enfrentamientos.
"INMORALES"
El exministro de Seguridad dijo que no debe sentirse aludido por las denuncias hechas por Aguilera, ya que todo lo hizo al margen de la ley.
En cuanto a los casos de corrupción que vinculan a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, Mulino dijo que no es justo que por dos o tres personas, a las que calificó como "inmorales", se piense que todos los funcionarios son iguales.
Actualmente varios exfuncionarios están bajo investigación. Al exministro Guillermo Ferrufino, los exdirectores del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburelli y Rafael Guardia Jaén; magistrado separado Alejandro Moncada Luna y al exasesor del expresidente Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio se les vincula con supuestos delitos contra la administración pública.
"Yo soy consciente de que lo que ha sucedio nos ha afectado a todos", agregó Mulino al tiempo que dijo que está dispuesto a que auditen y revisen todo lo que hizo mientras estuvo al frente del Ministerio de Seguridad.
