Prohíjan anteproyecto que penalizaría el tráfico de influencias en los entes gubernamentales

El anteproyecto "Cero Influencias", impulsado por el diputado independiente, Edison Broce, fue prohijado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

"Un paso importante dentro del recorrido legislativo para que se convierta en Ley. Basta de nombramientos, becas, incompetencia, vehículos del Estado con gasolina y corredor por palanca”, manifestó Broce a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la iniciativa de Ley 322, contra el tráfico de influencias y a favor de la meritocracia en la República de Panamá, busca crear nuevos tipos penales para que se lleve a la cárcel a los funcionarios públicos que se hacen de sus puestos para pagar favores políticos a través de nombramientos con salarios elevados y el otorgamiento de otra infinidad de beneficios.

"Hay muchas personas que llegan a sus puestos estatales por influencias políticas y cartas de recomendaciones de x o y político, y con la implementación de esa legislación esa mala práctica quedará totalmente penalizada, tanto para quien remite la carta de recomendación como para el que decide acoger la solicitud y dar proceso al nombramiento político", explicó Broce.

Lo dicho por Broce aplicaría una sanción penal de 8 a 15 años de prisión, según lo establecido en el articulo 1 de la iniciativa y se adicionaría al artículo 338-A del Código Penal.

Por otra parte, el servidor público que valiéndose de su influencia solicite o recomiende, para beneficio propio o de un tercero, nombramientos o destituciones como reclamo de cuotas de poder político en cualquier entidad pública será sancionado con prisión de 4 a 6 años.

Esto se adicionaría al artículo 354-A del Código Penal. Con respecto a la mala práctica de otorgar becas a través de influencias políticas, esta sería penada con cárcel de 4 a 6 años y dicha medida se adicionaría al artículo 354-C del Código Penal de la

siguiente manera: articulo1

El servidor público que valiéndose de su influencia otorgue becas dentro de cualquier programa administrado por el Estado, a candidatos que no cumplan con los perfiles y méritos para hacerse acreedores a las mismas o que las otorgue con base en influencias e incumpliendo los procedimientos legales será sancionado con prisión de 4 a 6 años, cita la legislación.

Por otra parte, fue aprobado el anteproyecto de Ley 310, que adiciona artículos a la Ley 38 de 2000 y establece la Dirección Nacional de Defensa Arbitral.

El diputado Rolando A. Rodríguez proponente de unas de las iniciativas dijo que es conocido el hecho que Panamá o sus entidades públicas ha sido consistentemente demandadas, a través de organismos internacionales públicos y privados por procedimientos civiles y arbitrales, con la intención de que el Estado sea condenado al pago de diversas sumas millonarias.

Esta acción obliga al Gobierno Nacional a contratar asesoría jurídica nacional e internacional de alto nivel, a costos de miles de millones de balboas, mientras otros países cuentan con sistemas u oficinas especializadas en litigios internacionales, cuyo objetivo es servir al Estado en asesoría y manejo profesional en casos en que se ve envuelto el País.

Dijo que el interés es evitar erosionar más las finanzas públicas y ahorrar costos en el servicio público, así como también, el deber de manejar públicamente mejor los casos e intereses del Estado.