Mulino objeta por conflicto de competencias proyecto de orientación vocacional para 'jóvenes adultos'

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó por inconveniente e inexequible el proyecto de Ley 145, que establece la Política de Orientación Vocacional y Profesional para Jóvenes Adultos.

En la nota, fechada el 24 de marzo de 2026 y remitida al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, también se señala que la iniciativa resulta inconveniente por la falta de claridad en la definición de la población objetivo, así como por posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación.

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De acuerdo, con el mandatario, el proyecto de ley en materia educativa, señala la existencia de una normativa preexistente, función que recae en el Ministerio de Educación. "En consecuencia, la intervención del Mitradel podría ocasionar superposición normativa y conflictos de competencias".

El Proyecto de Ley 145 otorga al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral funciones para el desarrollo de programas de capacitación y certificación de orientadores vocacionales, así como para fiscalizar el ejercicio de estos profesionales. Estas atribuciones podrían interpretarse como parte de la educación profesional o técnica, lo que da lugar a dudas respecto al alcance de esta certificación”, se lee en la nota remitida a la Asamblea Nacional.

Además, se indica que el proyecto no aclara si las certificaciones otorgadas por la institución corresponden a capacitación laboral o equivalen a títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional actualmente regida por las universidades y el sistema educativo nacional.

La nota del mandatario concluye señalando que el proyecto de ley 145 presenta vicios de inconstitucionalidad al incidir en competencias propias del Órgano Ejecutivo, generar obligaciones administrativas y posibles erogaciones sin establecer fuente de financiamiento ni incorporar previsiones presupuestarias.

También resulta inconveniente por su falta de claridad en la definición de la población objetivo; posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación; y la omisión del rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, al no establecer una coordinación obligatoria, lo que debilita la coherencia institucional.

Esta iniciativa fue impulsada por el diputado de Realizando Metas, Ariel Vallarino.