Ejecutivo frena ley que proponía descuento del 25% en seguros a los 'buenos conductores'
El presidente Mulino devolvió a la Asamblea el proyecto de seguro obligatorio por “inconveniente e inexequible”.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó en su totalidad el Proyecto de Ley 53, que modificaba la Ley 68 de 2016, sobre el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, y adicionaba disposiciones a la Ley 12 de 2012 sobre la actividad aseguradora.
El veto fue enviado a la Asamblea Nacional mediante la Nota N.° 548-2025-AL, fechada el 27 de octubre de 2025.
La Presidencia calificó el proyecto como “inconveniente e inexequible”, argumentando que su aprobación distorsionaría el sistema de seguros, violaría principios constitucionales como la libre competencia, la igualdad ante la ley y la propiedad privada, además de invadir competencias técnicas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
A pesar de que el Proyecto de Ley 53 fue concebido con la intención de beneficiar al consumidor mediante descuentos en las pólizas de seguros, su implementación podría tener efectos adversos graves en el sistema de seguros, los consumidores y la economía del país”, sostuvo el presidente.
Un descuento que afectaría el sistema
El proyecto proponía un descuento obligatorio del 25% en la renovación del seguro para los conductores sin siniestros, como incentivo para los llamados “buenos conductores”.
Sin embargo, el Ejecutivo consideró que la medida “distorsiona la estructura técnica del sistema asegurador”, basado en el principio de mutualidad, por el cual todos los asegurados comparten el riesgo colectivamente.
El documento advierte que reducir primas a un grupo de asegurados “limitaría la capacidad de las aseguradoras para cubrir riesgos” y pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema.
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Riesgos legales y de competencia
El veto también cuestiona la creación de un comité tripartito, integrado por la Superintendencia de Seguros, la Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) y la Universidad de Panamá, para revisar el costo base de las pólizas, por considerar que viola la autonomía del ente regulador y abre la puerta a prácticas anticompetitivas, al permitir que las aseguradoras propongan precios mínimos comunes.
“El modelo propuesto podría facilitar la concertación de precios y afectar la libre competencia”, indica el análisis, citando la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor.
Sobre este proyectos el gremio de ese sector había solicitado al presidente Mulino vetarlo.
Argumentos constitucionales
El Ejecutivo sostiene que el proyecto vulnera el debido proceso administrativo, al otorgar al Ministerio de Comercio e Industrias la facultad de conocer apelaciones que corresponden por ley a la Superintendencia.
También advierte que el artículo que ordena sacar de circulación vehículos declarados “pérdida total” “limita el derecho de propiedad privada”, al impedir que las aseguradoras dispongan de esos bienes.
El documento concluye que la propuesta “desconoce principios esenciales de la Constitución”, como la libre empresa, la competencia económica y el principio de reserva legal, al permitir la intervención estatal sin sustento técnico ni jurídico suficiente.