Presupuesto 2027: economista advierte riesgos de contrataciones directas por hasta $1 millón

Ciudad de Panamá, Panamá/La ampliación de las excepciones a las contrataciones públicas por montos de hasta $1 millón, incorporada en el presupuesto general del Estado para 2027, genera preocupación por los posibles efectos sobre la transparencia, la competencia empresarial y el manejo de los fondos públicos.

Así lo advirtió el economista Luis Morán, quien señaló que, aunque la modificación podría permitir una respuesta más rápida del Estado ante las necesidades del país, también abre la posibilidad de reducir la participación de empresas en los procesos de contratación.

Al realizar este cambio en la norma presupuestaria, de dar mayor libertad, se puede contratar más rápido, pero también se puede contratar de manera directa y pudiera reducir esa competencia o competitividad de pequeñas y medianas empresas que también participen de la licitación del Estado", manifestó Morán durante una entrevista a TVN Noticias.

El economista sostuvo que el principal desafío será garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que las nuevas disposiciones no terminen favoreciendo a un grupo reducido de contratistas.

"Esto también abre el paso para menos contrataciones, para las mismas empresas que participen, incluso se pudiera no transparentar", advirtió.

Pide fiscalización y seguimiento al uso de los recursos

Morán consideró que la modificación presupuestaria obliga a fortalecer los mecanismos de fiscalización, particularmente ante las dudas que ha generado la incorporación de estas excepciones y su aplicación durante el próximo año.

Aunque reconoció que la medida podría responder a objetivos económicos importantes, cuestionó la forma en que se introdujo y planteó la necesidad de establecer controles que permitan conocer cómo se ejecutarán los fondos.

"La forma quizás no ha sido la mejor, el objetivo, reitero, tiene un objetivo económico que pudiera ser importante, pero la transparencia y el rol institucional de cuidar ahora cada dólar de ese presupuesto, o cómo se utilice, es importante", expresó.

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También propuso que los ciudadanos puedan conocer qué empresas reciben las contrataciones y participar en el seguimiento de los proyectos desarrollados en sus comunidades.

"Yo espero que haya canales de transparencia, haya canales de revisión y monitoreo de cómo se utiliza cada dólar del Estado, y que este cambio de excepción, en la norma presupuestaria, no se aproveche para mal uso de los recursos", manifestó.

Precisamente, el presidente de la República, José Raúl Mulino confirmó que sancionará el presupuesto 2027 y que no le preocupa esa modificación, debido a que "la ley puede decir lo que usted tenga que decir o quiera decir, pero acuérdese de una cosa: el que dispone de los recursos es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y si hay, hay, y si no, pues no hay. Así de sencillo, ¿no? Esas cosas no me preocupan a mí. Pero sí es cierto algo: en estas eventualidades se necesita agilidad, pero también que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y fiscalización del contralor”.

Presupuesto debe priorizar la recuperación de las zonas afectadas

Más allá de las excepciones, Morán planteó que el presupuesto de 2027, que supera los $35,000 millones, debe responder a las necesidades de la población, especialmente en las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Según explicó, aproximadamente el 36% de los recursos corresponde a inversión, mientras que cerca del 60% está destinado al funcionamiento del Estado, una distribución que, a su juicio, requiere revisión.

El economista señaló que las prioridades deben incluir la reparación de carreteras, puentes, escuelas, hospitales y centros de salud, así como la recuperación de las actividades económicas en las comunidades afectadas.

"Nosotros necesitamos generar esas inversiones adecuadas, carreteras, puentes, hemos visto emergencias que han ocurrido estas últimas semanas en cuanto a puentes que definitivamente tienen un mantenimiento", indicó.

También llamó la atención sobre la necesidad de destinar recursos a la atención de la salud mental de las familias damnificadas, particularmente aquellas que han permanecido en albergues tras el movimiento sísmico.

Reactivar las pequeñas empresas y el sector agropecuario

Morán insistió en que la recuperación económica no debe limitarse a la entrega de ayudas, sino que debe permitir a las familias retomar sus actividades productivas.

En ese sentido, mencionó la importancia de impulsar programas de capacitación laboral y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en las provincias centrales, Veraguas y Coclé.

Explicó que muchos de los negocios afectados corresponden a hoteles, restaurantes, almacenes, abarroterías y pequeños comercios que generan empleos en el interior del país.

También destacó la importancia de respaldar al sector agropecuario, particularmente a los productores de arroz, leche, carne porcina, carne bovina, piña, melón, sandía y tomate.

A su juicio, la inversión pública debe contribuir a recuperar la capacidad productiva y facilitar que los pequeños empresarios y productores regresen a sus actividades.

Crecimiento económico podría registrar ajustes

Sobre las perspectivas económicas del país, Morán indicó que las proyecciones de crecimiento se sitúan alrededor del 4%, aunque reconoció que las consecuencias del terremoto podrían generar algunos ajustes.

"Este crecimiento definitivamente puede tener un pequeño ajuste, pero va a depender de esa respuesta, del uso de recursos, y reitero, las ayudas son importantes, pero las generaciones de capacidades son mejor todavía", sostuvo.

El economista también cuestionó que algunas instituciones reciban presupuestos elevados sin necesariamente ejecutar la totalidad de sus recursos.

Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Educación (Meduca), al considerar que es necesario garantizar que las asignaciones se traduzcan en reparaciones y rehabilitaciones de centros escolares.

Morán concluyó que el desafío para 2027 será mantener el crecimiento económico, mejorar la ejecución presupuestaria y asegurar que los recursos públicos se conviertan en inversiones que