El proyecto de Ley que abre la puerta al monopolio de las telecomunicaciones
Tres empresas de telefonía móvil y Acodeco se oponen al proyecto
La Ley panameña evita la creación de monopolios en el sector de las telecomunicaciones. Las empresas que han recibido concesiones no se pueden fusionar entre ellas y crear una megaempresa. Un proyecto de Ley busca cambiar eso.
Se trata del Proyecto de Ley 479, presentado en enero de este año por el diputado Milciades Navarro, suplente de Diógenes Vergara. El documento permitiría la “consolidación” de operadores telefónicos bajo el argumento de mejorar el servicio y “favorecer el avance tecnológico”.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se ha manifestado en contra de la iniciativa legislativa.
“No tenemos certeza si vamos a pasar de cuatro empresas, a tres, a dos o si quedaría una sola”, advirtió el administrador de la Acodeco, Óscar Cardoze. “Durante diez años existió un duopolio legal, habían dos empresas que tenían las concesiones. Quizás algunos no recuerden, pero se pagaban casi 90 centavos por minuto aire y los paquetes de data eran supremamente costosos”, recordó.
Cardoze también señaló que ni la Acodeco, ni la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) fueron consultadas.
Si Acodeco y Asep no participaron de la discusión, ¿quién se beneficia de este proyecto de ley?
Tres de las cuatro empresas no parecen estar contentas. Cable & Wireless Panamá, Telefónica y Claro enviaron el 12 de abril una carta conjunta al presidente de la Asamblea Rubén De León dejando claras sus objeciones al proyecto.
“Nos preocupa enormemente que dicho Proyecto de Ley no se nos haya consultado de antemano y que fuese presentado ante la Asamblea Nacional con total desconocimiento de nuestra parte”, reza la carta.
Específicamente, temen que sus derechos de concesión se vean afectados. “Consideramos que el Proyecto de Ley 479 no reúne ni hace mención de las piezas, aspectos o escenarios que surgirían en torno al tema de la consolidación, y por tanto no nos permite tener certeza que el modelo que se decida aplicar salvaguarde las prerrogativas que adquirimos a través de los derechos de concesión”, añade.
Las empresas no se muestran completamente opuestas a una modificación que permita la consolidación, pero señalan que el cambio debe venir luego de un estudio integral y mediante consultas y procedimientos transparentes que salvaguarden sus derechos sobre los contratos de concesión.
“Estamos recibiendo los reclamos de parte de las instituciones. Espero que si logran presentar la información y expresar su punto de vista podamos parar el proyecto en el pleno”, manifestó José Antonio Domínguez, de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea.
Con información de María De Gracia