Reformas electorales podrían quedar para enero ante prioridad del presupuesto de 2027
La actual legislatura ordinaria concluye el 31 de octubre. Ante este escenario, los diputados se enfocarían en el debate del presupuesto de 2027, con un monto de $35,111.75 millones, discusión que podría irse a sesiones extraordinarias.
Ciudad de Panamá, Panamá/En medio del debate sobre si se elimina o no el subsidio electoral a los partidos políticos, el proyecto de ley 699 que reforma el Código Electoral podría no discutirse este año.
La razón, de acuerdo con algunos diputados y fuentes legislativas, es que el tiempo restante de sesiones ordinarias resulta insuficiente para abordar este polémico tema y aprobar el Presupuesto General del Estado para 2027 a la vez.
“El tiempo que nos queda de ordinarias es poco. Tenemos el tema de presupuesto, que es importante”, manifestó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen.
El diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, también considera que el presupuesto debe tener prioridad en la agenda, debido al corto plazo disponible para su discusión. Señaló que, de no alcanzar el tiempo para discutir el presupuesto, se podrían llamar a sesiones extraordinarias para abordar el tema.
“De no atender presupuesto, vamos a extraordinarias y es lo más probable. Reformas sí será para enero muy probablemente”, expresó.
En tanto, fuentes legislativas aseguran que ya la directiva de la Asamblea acordó retomar el tema para enero de 2027. Además, plantean que el presupuesto podría discutirse en sesiones extraordinarias.
La Constitución establece dos escenarios distintos respecto al presupuesto: si no es votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entra en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo, mediante decisión del Consejo de Gabinete. Si la Asamblea lo rechaza, se prorroga el presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe uno nuevo, con las salvedades previstas para determinadas obligaciones e inversiones del Estado.
La actual legislatura ordinaria concluye el 31 de octubre. Ante este escenario, los diputados se enfocarían en el debate del presupuesto de 2027, cuyo monto global es de $35,111.75 millones.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto ya fueron avaladas por el Consejo de Gabinete y el documento fue remitido nuevamente a esa comisión.
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El proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral para las elecciones de 2029, fue aprobado en primer debate el pasado 23 de septiembre, con modificaciones a las candidaturas por libre postulación, el financiamiento electoral y la posibilidad de conservar la titularidad de dos cargos de elección popular.
La iniciativa se encuentra en el punto 174 de la agenda, a la espera del segundo y tercer debate. Sin embargo, el diputado Benicio Robinson, quien fue uno de los proponentes de la mayoría de los cambios al proyecto 699, retó a sus compañeros a debatir el tema.
Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, reiteró el martes 20 de octubre su propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Según explicó, la mayoría de su bancada firmó un documento para derogar la sección del Código Electoral que comprende los artículos desde el 203 al 230.
El debate de la eliminación del financiamiento público no es nuevo. En varias ocasiones, magistrados del Tribunal Electoral, así como la sociedad civil organizada, han dicho que esta decisión podría abrirle la puerta al narcotráfico.
Robinson también solicitó al contralor una auditoría forense sobre el uso de los fondos de los partidos durante los últimos 15 años y aseguró que mantendrá su propuesta cuando se retome el debate.
Un día antes, el lunes 19 de octubre, el pleno intentó incorporar una cortesía de sala para escuchar a los magistrados del Tribunal Electoral, pero los desacuerdos sobre el procedimiento y los reclamos entre diputados impidieron concretarla.
Sin embargo, surgieron objeciones porque la cortesía debía someterse a votación y cuestionamientos sobre si habría espacio para preguntas. La sesión concluyó sin incorporarla a la agenda.
Al día siguiente, los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra aclararon mediante comunicado que acudieron al recinto porque fueron citados para el debate y no para una cortesía de sala.
El Tribunal Electoral ha rechazado las modificaciones aprobadas en primer debate por considerar que representan retrocesos para el sistema electoral panameño, pero aseguran que es la Asamblea quien debe decidir si continúa o no con el debate.