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La investigación por los actos de corrupción en el caso Odebrecht debe cubrir los tres últimos periodos de Gobierno, desde la llegada de la empresa a Panamá, según consideró este miércoles 8 de febrero Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la construcción y Similares de Panamá (Suntracs).
“Entiendo que eso es a lo que está obligado el Ministerio Público en el caso Odebrecht para enfrentar y sentar a las personas que participaron en el acto de corrupción, recuperar los recursos y obviamente los culpables deben ir presos”, destacó el dirigente.
Agregó que esta es una situación compleja que vive el país y que involucra a mucha gente.
“Es un tema que es obligatorio investigar y los que tienen que ver con esto respondan”, resaltó.
Recordó que la empresa llegó a Panamá en 2006, durante el Gobierno del expresidente Martín Torrijos, cuando Luiz Inácio Lula da Silva era presidente de Brasil y había un plan de desarrollo de la industria y fortalecimiento de la economía de este país suramericano.
La empresa y específicamente su presidente Marcelo Odebrecht, llegó a través de las disposiciones legales de Brasil, Estados Unidos y Suiza a un acuerdo donde informó sobre las personas a las que se entregó los sobornos.
A juicio del dirigente las investigaciones por este caso tienen un impacto en la industria de la construcción, pues son 18 mil trabajadores, cuya posición se refiere específicamente a defender la plaza de empleo, la convención colectiva y las conquistas de trabajo.
“Odebrecht tendrá que enfrentar el problema judicial que corresponde y tendrá que dar la cara frente a esto”, indicó Méndez.
Manifestó que las obras deben continuar “con o sin Odebrecht”, ya que según Méndez, sería mucho más costoso para el país la paralización de dichos proyectos.
Instó al Ministerio Público a que profundice en las investigaciones, a pesar de las limitantes que tenga, al tiempo que pidió a los magistrados y jueces que no archiven los casos porque se “mantiene la impunidad”.
Se informó que este jueves 9 de febrero realizarán una marcha desde el parque Porras a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir que no se archiven los casos de corrupción.