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La institución está revisando toda la documentación para iniciar este proceso.
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En un comunicado, el Ministerio de Seguridad Pública detalló que concluido el proceso de impugnación de varias empresas proponentes, se podía proceder con el acto suspendido por los reclamos y que la fecha está por determinarse.
Este sistema puede usarse para ampliar el programa de los privados de libertad, y se están colocando cláusulas en el contrato para que no se le venda al gobierno con un precio superior.
Serían 3 mil brazaletes, de los cuales mil serían para los casos de violencia doméstica, mil para quienes tengan medidas cautelares que no han sido enjuiciadas y mil para los privados de libertad, dijo el titular de la cartera, Rodolfo Aguilera.
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El costo que debería asumir el gobierno por la adquisición de estos aparatos está en 9.26 dólares de acuerdo con el precio de referencia. Este costo sería diario para quienes lo porten por violencia doméstica. Pero también podría ser adjudicado en un precio de 7.87 dólares por tres años.