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Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dio un balance de las primeras horas del estado de urgencia decretado en Bocas del Toro tras los actos vandálicos realizados por grupos y pandillas, en el programa Radar de este domingo.
De acuerdo con la ministra, hasta el momento hay 145 aprehendidos.
Recalcó que es una decisión del Gobierno para cumplir con el mandato “de garantizar el bien y la seguridad de las mayorías”.
Montalvo sostuvo que, en principio, el Gobierno estuvo viendo una situación puntual en Bocas del Toro porque guardaba relación con la situación de los trabajadores bananeros. Sin embargo, “luego del diálogo, luego de todo un ejercicio que hicieron los ministros que estuvieron en Bocas del Toro, en Changuinola, trabajando directamente con el sindicato de bananeros, se logra incluso traer esta ley especial de bananeros. La ley es presentada, es sancionada, y, sin embargo, termina la situación en que tuvimos un diálogo que tuvo un resultado y sencillamente grupos delincuenciales no están de acuerdo con que sencillamente se restableciera el orden en la provincia de Bocas del Toro”.
Fue clara al explicar que “en este momento no existen manifestantes dentro de estas actividades violentas que se están dando en la provincia. Son grupos delincuenciales, grupos que están encabezados por gente irresponsable, que han utilizado la politiquería para afectar la situación de la provincia y, lamentablemente, en este momento lo que corresponde era utilizar ese poder del Estado para salvaguardar la vida de la gente decente de la provincia de Bocas del Toro”.
Para Montalvo, se hizo un esfuerzo grande para que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tuviera todo lo que se requería para trabajar en esa provincia justo cuando llega la temporada de inundaciones para salvaguardar, y posteriormente se vio el daño que se hizo “con maldad”, al atacar esta entidad que operaba en las instalaciones del aeropuerto de Changuinola”.
En cuanto a información que circuló en redes sociales de que el Gobierno habría provocado la situación para desacreditar a los movimientos originales que se oponían a la Ley 462, Montalvo fue contundente, sobre a quiénes han identificado y si habría reportes de infiltrados.
“Es correcto y mira, te digo más. Creo que el hecho que más evidencia la realidad de lo que está pasando en la provincia de Bocas del Toro es cuando tú ves a la misma gente del sindicato bananero protegiendo y evitando que incendiaran, porque esa era la intención, incendiar lo que es la empresa, una empresa que da y genera más de 7 mil empleos, y los propios trabajadores que, si bien es cierto que en algún momento estuvieron manifestándose, la realidad es que son los que salen en defensa de la propia empresa. Vimos también el caso, por ejemplo, de los ciudadanos que tuvieron que armarse de machetes porque estaban entrando directamente a los comercios a vandalizar”, aseguró Montalvo.
“El reporte que nosotros tenemos en este momento, y quien puede dar mejor información y sé que así lo hará, es el ministro de Seguridad, el ministro Ábrego. Sin embargo, sí, lo que hemos estado manejando nosotros, la situación es que efectivamente se infiltraron grupos para poder controlar la protesta. Nadie, y esto tenemos que entenderlo, si bien es cierto tú inicias una protesta, ella va a llegar a su pico normal y empieza a disminuir”, puntualizó.
Insistió en que la situación actual está dirigida a “desestabilizar la provincia de Bocas del Toro, a pretender que con esta intención se va a arrodillar al gobierno, al Estado realmente, para poder entonces entrar como esos Mesías, esos negociadores, para conseguir objetivos muy puntuales”.
La ministra indicó que hay evidencia de apoyo a estos grupos delincuenciales y los reportes de inteligencia permitirán ver ese tema puntualmente.
“Ellos de gratis no están allí y en el momento, y si lo ves puntualmente, se logra tener ese diálogo con el sindicato bananero, automáticamente llega el momento de la ley y este dirigente dice: se suspende, vamos a abrir las calles porque era el acuerdo. El diálogo estuvo, se manifestó, por parte del órgano ejecutivo y del sindicato. Cuando ya van a romper el cierre de las calles, entonces tú ves que sale este otro grupo y lo que hace es diseminarse por toda la provincia”, manifestó Montalvo.
Sobre el dirigente del sindicato bananero, Francisco Smith, en detención provisional, dijo que “tenía temas, cosas que nosotros no podemos impedir que sucedan. La atención que dio el Órgano Ejecutivo con él fue precisamente como dirigente del sindicato Sitraibana. Más allá de cualquier otra situación que él haya tenido y donde haya tenido que operar el Ministerio Público, ese no es un tema que compete directamente al Órgano Ejecutivo".
“Lo que sí te puedo garantizar es que desde el momento que se ha hecho su detención y mientras que da el curso normal, como he hecho con todas las personas que han de alguna manera resultado detenidas dentro de esta situación que se está dando, que es algo colateral, no necesariamente por la situación propia de las manifestaciones, a todos, pues, me ha tocado a mí tenerlos en el sistema y se está salvaguardando su integridad y yo estoy protegiendo que no se dé una situación más allá. cosas como esta que estamos viendo”, acotó.
En cuanto a los aprehendidos que fueron trasladados semidesnudos, recordando el estilo aplicado a pandillas en El Salvador, la ministra explicó que “estas son personas que se detienen precisamente teniendo esos indicios que nos van llevando a que son las personas que han estado de alguna manera involucradas en lo que ha sido el vandalismo de instituciones”.
“Lo que nosotros hemos visto ahí es una especie de terrorismo urbano instaurado en la provincia de Bocas del Toro. Ahora bien, en cuanto al decreto, lo que se está limitando, lo que se ha suspendido, que lo permite totalmente la Constitución, precisamente para tener esa herramienta de acción para poder restablecer el orden, porque lo tiene nuestra Constitución, lo que se está suspendiendo son garantías”, ministra Montalvo.
“Garantías, de alguna manera, garantías judiciales, garantías procesales, mas no así ningún derecho fundamental. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, nosotros en ningún momento hemos hablado de suspensión de derechos”, agregó.
Las recientes protestas y disturbios en la provincia de Bocas del Toro han encendido el debate nacional sobre el abandono estructural, el manejo de la crisis por parte del gobierno y el impacto en sectores vulnerables como la microempresa y el turismo. Diversas figuras públicas, dirigentes empresariales y especialistas en derechos humanos han alzado la voz frente a la situación.
La exprocuradora Ana Matilde Gómez expresó su preocupación por la profundidad del abandono histórico en la provincia. “El efecto práctico en este momento de que hay que restablecer el orden es indiscutible; sin embargo, duele muchísimo ver que una provincia que tiene unas características culturales, políticas, económicas, geográficas… se le haya abandonado de tal manera que haya llegado donde está”.
Por su parte, Jorge Giannareas, especialista en derechos humanos, advirtió que “hay que tomar en cuenta que no podemos pensar en la aplicación de ese artículo como en los tiempos de la dictadura militar. Ahora Panamá reconoce la plena aplicación de los convenios de derechos humanos”. Sobre los disturbios, subrayó: “Hay que distinguir entre el derecho a la protesta y los actos delictivos. No creo que haya ninguna justificación para cometer delitos, así que espero que haya una investigación”.
Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), fue enfático al afirmar que “no podemos justificar, por ninguna deuda histórica, social, económica o coyuntural, lo sucedido el día jueves”. También denunció las consecuencias económicas de la legislación bananera: “Los artículos 2, 3, 4 y 5 son iguales a lo que hay en la ley; los artículos 6, 7 y 8 son cosas que se pidieron que no estaban en la Ley 45… eso fue una salida buscando algo donde no hubo confianza; el resultado ha sido la destrucción económica de la provincia”. Añadió que “cuántos años va a tomar recuperar el trabajo en la provincia. Bocas del Toro, es el segundo lugar más visitado en Panamá, después del Casco Viejo, y el Canal”.
Desde el sector empresarial, Franklin Martínez, representante de Unpyme, lamentó que “hemos visto cómo se ha ido desmejorando la educación en la región y cada vez que limitamos la educación hacemos un daño social y afecta al sector más vulnerable de la economía que es la microempresa”. También advirtió que “desafortunadamente nos estamos acostumbrando a una cultura de cierre… El sector de la micro, pequeña y mediana empresa viene golpeado trascendentalmente, y estamos queriendo echarle la culpa a los últimos 100 días de gobierno”.
En medio de la convulsión social, el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones también ha tomado fuerza. Juan José Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que “los sistemas de pensiones se diseñaron en el momento demográfico distinto, donde la esperanza de vida era mucho menor”. Sobre la reciente reforma, afirmó: “La reforma que se aprobó, no vemos realmente que hay un grupo particular que sale perjudicado; por el contrario, se puede ver que algunos grupos tras la reforma sí mejoran. Es importante resaltar esa mejora”.
Barrios destacó que la certidumbre alcanzada con la reforma es un avance relevante: “Es muy temprano para emitir opiniones dentro de cómo podría desembocar, pero esa certidumbre es un logro muy importante y es un logro reciente”. Y subrayó la importancia de una visión de largo plazo para el país: “Panamá venía creciendo a una velocidad increíble en las últimas décadas, viendo hacia adelante, para mantener esa productividad, ese crecimiento y que se expresen los salarios de las personas, se necesita certidumbre y visión de largo plazo”.
El especialista resaltó también las ventajas estratégicas del país: “Panamá tiene una serie de ventajas que son difíciles de superar, iniciando por su posición geográfica y el desarrollo de un sector logístico”. Y agregó que “con ese proceso de desarrollo con políticas que sean conducentes a mayores niveles de inversión y mayores niveles de capital humano, es la manera en que a mediano y largo plazo Panamá logra mantenerse, consolidarse como un país de alto ingreso y mejorar el contrato social”.