Medicamentos, turismo, educación y justicia: las crisis bajo el radar

Radar

Bloque 1: Rebaja del 30% en 170 medicamentos: ¿Resuelve el problema?

Ciudad de Panamá/¿Cuál es la fórmula más eficiente para bajar el precio de los medicamentos en Panamá? Esa fue una de las preguntas claves de este domingo en Radar.

La doctora Ivonne Torres, profesora en farmacología e integrante de la Mesa de medicamentos, apuntó a la necesidad de que el Estado intervenga en las negociaciones con las casas farmacéuticas. “Es el productor el que realmente inicia este sistema de precios, y qué puede hacer el Estado… habría que hacer el ejercicio diplomático como país de negociar con ellos para lo que es el precio con el que nos venden”, afirmó.

Varias de las voces en la mesa establecieron que las farmacéuticas son las que establecen cuál es el precio de venta y en el caso de Panamá suelen fijarlo por encima de otros países como Colombia, aunque según el distribuidor de medicamentos Gennaro Marino los precios de venta para nuestro país no son muy distintos a los de Centroamérica y República Dominicana.

En todo caso, explicó Marino, el margen de ganancia de las distribuidoras locales es de entre 22 y 24% cuando se trata de productos de innovación.

Las nuevas reglas anunciadas por el Gobierno para reducir el precio de las medicinas, estableciendo un descuento de 30% en el precio de venta, ha generado preocupación sobre todo en las pequeñas farmacias, que no creen que desde el lunes puedan sostener sus negocios. Esto tomando en cuenta que la rebaja, según dicen, los obligará a vender algunos productos por debajo del precio que compran a distribuidoras. Son 170 moléculas y cientos de medicamentos.

Humberto Chen, vocero de las pequeñas farmacias, explicó que no pueden conseguir precios más bajos que los que ofrecen las distribuidoras porque no tienen capacidad de compra para ir directo con las casas farmacéuticas. Aunque la tuvieran tampoco podrían porque las leyes panameñas no lo permiten.

Otro tema abordado en Radar fue la situación de las empresas turísticas tras el mes de cierres.

Domingo de Obaldía, empresario del sector restaurante y dirigente empresarial turístico, aseguró que la industria “está en cuidados intensivos” tras la recuperación que experimentaba y la ola de cierres temporales de negocios que produjeron los cortes de carretera.

“Los daños no se van a ver en este momento. Estuvimos mandando imágenes a nivel internacional que decían que había una situación de caos en Panamá”, agregó Franklyn Martínez, de la Unión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

También se debatió los efectos de ese mes de crisis en la educación.

Anyifer Torres, representante de los estudiantes ante el Coopeme, reconoció que apoyaron la lucha de los docentes, el gremio que abanderó la lucha social, pero dijo no creer que lo puedan volver a hacer. “El gremio magisterial no se ha manifestado que irá a las calles, ha hecho ciertos piqueteos fuera de las escuelas, caminatas, pero ahora no lo podemos apoyar porque hemos perdido casi un mes de clases”, explicó.

Stephany Sánchez, estudiante y miembro del colectivo Espacio Creativo, reconoció además que arrastran los efectos de la pandemia. “Las clases virtuales fueron muy deplorables, no sabíamos manejar las plataformas, muchos profesores –dijo- calificaban por whatsaap, enviaban tareas por whatsapp”.

Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un fallo del Tribunal Electoral que opinó sobre el reclamo del expresidente Ricardo Martinelli de que tenía principio de especialidad y por tanto no podía ser juzgado por ningún caso de corrupción en Panamá, algo ampliamente cuestionado por abogados que advertían que los magistrados electorales estaban inmiscuyéndose en asuntos fuera de su competencia. ¿Le cabe alguna sanción a los dos magistrados que respaldaron a Martinelli?

 El exmagistrado electoral Guillermo Márquez Amado apoya la idea de explorar qué hacer, aunque dijo no creer que quepa una sanción como la destitución “salvo que se acreditara que hubo dolo o mala fe, o hubieran actuado como lo hicieron a sabiendas que no lo podían hacer”.

“Debe investigarse el hecho porque los magistrados están sujetos a las normas de conducta relativa a la ética y disciplina”, expresó.

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