Contenido Exclusivo: El ranking de la violencia
Los corregimientos con las tasas más altas de homicidio son el espejo más crudo de un país que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Panamá/En poco más de un año, ocho corregimientos específicos concentraron el 26,3% de todos los homicidios dolosos registrados a nivel nacional. Aunque estos sectores representan solo una fracción de la población, en ellos se libra diariamente una intensa lucha por la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes.
De enero de 2024 al 28 de febrero de 2025, en el país se registraron 680 víctimas de homicidios. La violencia se concentra principalmente en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, con alarmantes incrementos en los distritos de Panamá, Colón y San Miguelito.
La mayoría de los homicidios están vinculados a rencillas entre pandillas, disputas por el control territorial, venta de drogas y ajustes de cuentas, en un contexto donde las oportunidades de empleo y formación son limitadas y la criminalidad ofrece salidas inmediatas, aunque fatales, a jóvenes sin alternativas.
Un repaso por los corregimientos más afectados muestra una realidad alarmante.
El corregimiento de Tocumen en Panamá Este ocupa la quinta posición, con 19 homicidios registrados en poco más de un año. Hace unos días un conductor de plataforma digital de transporte fue hallado sin vida dentro de su vehículo en los estacionamientos de un establecimiento comercial.
Los corregimientos de Pacora (Panamá), Belisario Frías (San Miguelito) y Cativá en la provincia de Colón comparten la cuarta posición en cuanto a cantidad de homicidios, con 20 casos cada uno. Aquí se han visto casos de jóvenes que perdieron la vida mientras conversaban con amigos o familiares. Las residencias y centros deportivos tampoco han sido sitio seguro para las víctimas.
En tercera posición, el corregimiento de Cristóbal Este (Colón) y Omar Torrijos (San Miguelito) reportaron 23 homicidios cada uno.
El corregimiento de Cristóbal, también en la provincia de Colón, se posiciona en segundo lugar, con 25 víctimas.
Para el investigador social Gilberto Toro, sería un error considerar que todos los casos que se dan guardan relación con el crimen organizado. Añade que hay situaciones sociales que llevan a la comisión de actos criminales y donde las personas actúan sin la presión de otros actores.
No podemos entender la sangrienta realidad de Pedregal sin analizar los factores que, uno a uno, lo han convertido en el epicentro de la violencia urbana en Panamá.
Los 29 homicidios registrados en 14 meses no son una casualidad aislada. Son el resultado previsible de la combinación explosiva de pobreza estructural, abandono escolar masivo, falta de acceso a servicios de salud dignos, y una exposición cotidiana a la violencia armada y al crimen organizado.
La presencia activa de al menos cuatro grupos delincuenciales locales, vinculados al microtráfico de drogas, extorsión y ajustes de cuentas, no solo siembra el miedo en las calles, sino que también controla territorios enteros donde el Estado ha perdido su presencia efectiva. Allí, las bandas reclutan niños y adolescentes ante la indiferencia de un sistema que no ofrece alternativas reales.
A la par, se registra un aumento alarmante del consumo de marihuana, crack y cocaína entre jóvenes de 14 a 19 años (Senan y Minsa, 2024). Cada esquina del corregimiento de Pedregal se ha convertido en un posible punto de consumo o distribución. Se trata de una generación atrapada entre la desesperanza y la adicción, donde el futuro parece ser una condena y no una promesa.
El episodio más reciente, cinco personas asesinadas dentro de una residencia durante una reunión, a manos de un solo tirador, es una muestra brutal de hasta qué punto se ha normalizado la violencia.
Conclusiones
Los corregimientos con las tasas más altas de homicidio son el espejo más crudo de un país que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Es también el recordatorio de que la indiferencia social mata. Cada estadística, cada joven asesinado o atrapado en redes criminales, es una deuda impaga de un sistema económico, político y social que no atiende la pobreza y el abandono que cobran vidas todos los días.
Es necesario crear políticas públicas sostenidas, inversión en prevención y una apuesta real por la inclusión.