Procuraduría propone aumento en años de cárcel para funcionarios 'botellas' y ampliar prescripción por delitos de corrupción
Uno de los pilares de la iniciativa es el Proyecto de Ley General Anticorrupción, que contempla la aplicación de nuevas estrategias y herramientas de investigación para perseguir con mayor eficacia los delitos de corrupción.
Panamá/Aumentar los plazos de prescripción para delitos de corrupción y sancionar con cárcel a funcionarios que cobran sin trabajar forman parte de los dos proyectos de ley que el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy llevó a la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a la corrupción.
Uno de los pilares de la iniciativa es el Proyecto de Ley General Anticorrupción, que contempla la aplicación de nuevas estrategias y herramientas de investigación para perseguir con mayor eficacia los delitos de corrupción. El texto introduce cambios sustanciales al modelo actual de persecución penal y promueve una mayor participación de las instituciones del Estado en los procesos judiciales.
Uno de los puntos más novedosos es el que establece que, en los procesos penales, bastará con la presentación de auditorías realizadas por las propias instituciones del Estado como prueba, sin que sea necesario el refrendo de la Contraloría General de la República para que tengan validez. Las auditorías podrán ser practicadas por servidores públicos de entidades estatales, autónomas, semiautónomas, universidades oficiales, miembros de los entes policiales o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria.
También se refuerza el rol del Ministerio Público, otorgando a los fiscales la capacidad de realizar investigaciones patrimoniales a personas naturales o jurídicas con el fin de identificar activos no justificados. Además, se contempla la aprehensión provisional de bienes, la posibilidad de declarar una causa como compleja y mantener las actuaciones bajo reserva por hasta 30 días, cuando así lo exijan las condiciones de la investigación.
En el ámbito de la colaboración con la justicia, se propone el uso de acuerdos de pena como mecanismo para obtener información clave y recuperar activos. Bajo la figura del acuerdo reparatorio, el investigado no solo debe aceptar su responsabilidad, sino también restituir bienes al Estado y rendir testimonio en juicio. A cambio, podrá recibir beneficios como:
- Reducción de la pena de prisión o su sustitución.
- No formulación de cargos.
- Reclusión en centros penitenciarios separados.
- Medidas de protección como supresión de identidad, escolta personal y fuero laboral.
Asimismo, se contempla la formación de equipos conjuntos de investigación con otros países, lo que permitiría mejorar la cooperación jurídica internacional en casos de corrupción con ramificaciones transnacionales.
Uno de los aspectos más significativos de la propuesta, y que se introduce al Código Procesal Penal, es el aumento del tiempo de prescripción de la acción penal en delitos de corrupción, que pasaría a ser el doble del máximo de la pena prevista por ley para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, delitos patrimoniales y cualquier delito contra la administración pública.
"Al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública", se lee en el numeral 3 del artículo 116.
Además, el cómputo del plazo se suspendería mientras el funcionario señalado permanezca en el cargo, cerrando una vía habitual de evasión de responsabilidad. "En los delitos contra la Administración Pública o delitos patrimoniales contra una entidad pública, mientras cualquiera de los que haya participado en el delito, siga desempeñando un cargo público", se lee.
En el paquete legal también se establecen medidas de protección para denunciantes, testigos y colaboradores. Estas incluyen escolta, supresión de identidad, reubicación temporal o definitiva, asistencia psicológica y fuero laboral, según el nivel de riesgo identificado por las autoridades competentes.
Se introduce un cambio ético importante: es la prohibición a exjueces y exfiscales de actuar como abogados —directamente o mediante terceros— en casos penales en los que hayan intervenido previamente durante su ejercicio público.
Cárcel para quien cobre sin trabajar
El segundo proyecto presentado por el procurador plantea reformas al Código Penal, con un claro enfoque en endurecer las sanciones por delitos relacionados con la función pública.
Entre las modificaciones propuestas se encuentran:
- Artículo 349: Se reemplaza la multa vigente de 150 a 300 dólares para funcionarios que cobran sin trabajar, por una pena de 4 a 6 años de prisión.
- Artículo 351: Aumenta la pena por enriquecimiento injustificado de 3 a 6 años a 4 a 8 años de prisión.
- Artículo 347: Las sanciones por actos de corrupción pasarían de 3 a 6 años a 4 a 8 años de cárcel.
- Artículo 364: Quienes se concierten para alterar actos de contratación pública o difundan noticias falsas relacionadas con estos procesos podrían enfrentar penas de 4 a 8 años de prisión, en lugar de los 6 meses a 2 años actuales.
- En el caso de servidores judiciales, las penas aumentarían de 4 a 8 años a 5 a 10 años de reclusión.
Ambos proyectos están ahora en manos del Órgano Legislativo, que deberá decidir si las propuestas del Ministerio Público marcan el inicio de una nueva etapa en la lucha contra la corrupción o si, por el contrario, se quedarán archivadas como otras iniciativas previas. Será la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, una vez se conforme, donde deberá analizarse ambos proyectos de ley.