Vetos y sanciones de Mulino en la primera legislatura de la Asamblea
Aunque el mandatario ha insistido en que no cuenta con una bancada oficialista, la Asamblea ha avalado la mayoría de sus designaciones y proyectos de ley.
Panamá/La Asamblea Nacional se prepara para cerrar su primer periodo legislativo este miércoles, 30 de abril, y entrará en receso por dos meses. El pleno no volverá a sesionar hasta el 1 de julio, una fecha simbólica en la que el presidente José Raúl Mulino cumplirá su primer año en la silla presidencial.
En este primer tramo de su gestión, el presidente José Raúl Mulino ha dejado clara su postura frente al trabajo legislativo: mientras ha sancionado unas 28 leyes, también ha vetado más de diez proyectos aprobados por la Asamblea (de acuerdo al sitio web de la entidad), ya sea por considerarlos inconstitucionales, inconvenientes o técnicamente deficientes.
Aunque el mandatario ha insistido en que no cuenta con una bancada oficialista, la Asamblea ha avalado la mayoría de sus designaciones y proyectos de ley. Y es que el respaldo que ha recibido en la Asamblea para la mayoría de sus propuestas sugiere que Mulino ha logrado construir alianzas legislativas tácticas, especialmente con bancadas que han evitado mayores confrontaciones. Sin embargo, la cantidad de vetos también refleja que el Ejecutivo está dispuesto a marcar límites claros frente a propuestas con deficiencias estructurales o ambigüedades legales.
Vetos por inconstitucionalidad e inconveniencia
Entre los vetos más destacados se encuentra el del proyecto de ley 61 sobre ciberdelincuencia, impulsado por la Procuraduría General de la Nación. Mulino objetó parcialmente esta propuesta, señalando que su redacción deficiente podría criminalizar actividades legítimas y vulnerar derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia. De los 33 artículos, objetó 14.
Otro veto importante fue el aplicado al proyecto de ley 15, que pretendía regular el acceso al agua potable. El presidente advirtió que la propuesta invadía competencias ya atribuidas a la Autoridad del Canal de Panamá y presentaba vacíos que afectarían su implementación efectiva.
El proyecto de ley 23, que excluía del pago de indemnizaciones a gerentes y auditores de empresas estatales, también fue vetado parcialmente por vulnerar derechos laborales. Su proponente, la diputada Ariana Coba acogió las recomendaciones presidenciales, ajustó el proyecto y logró su posterior sanción.
Además, Mulino vetó totalmente el proyecto de ley 37, que declaraba el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, argumentando que la iniciativa trasladaba de forma errónea obligaciones estatales a los ciudadanos. También objetó modificaciones a la ley sobre alimentación saludable en escuelas, alegando inconsistencias en su articulado.
Lea: Los vetos del presidente José Raúl Mulino
Otros proyectos vetados incluyen la eliminación de términos peyorativos en la legislación civil respecto a personas con discapacidad, la declaración del 27 de octubre como Día del Desfile del Vestido Tradicional Ngäbe-Buglé y Campesino, el traspaso de servidumbres públicas de urbanizaciones a la Nación, cuyo proyecto requería ajustes técnicos y legales. También la protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista, por redundancia normativa y riesgos presupuestarios; y la regulación de sustancias modelantes en tratamientos médico-estéticos, por carencias en su estructura de prevención.
Las sanciones: CSS, Justicia de Paz y ley de interés preferencial
A pesar de estos vetos, Mulino ha logrado sancionar 28 leyes de relevancia social y estructural, entre las que destacan: Día del Traslado de Panamá Vieja al Casco Antiguo, impulso a la producción de sueros antiponzoñosos, reforma a la Ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), nuevo régimen de interés preferencial hipotecario, la ley de la Defensoría del Pueblo; y la ley de Justicia Comunitaria de Paz.
En el departamento de Asesoría Legal de la Presidencia, aún quedan algunas leyes por considerar, como lo es la polémica ley de las sillas de retención para menores, la cual el mandatario ya ha dicho que vetará. Se podría decir que el Ejecutivo cerrará su primer año de gestión presidencial habiendo tejido alianzas pragmáticas que le permitieron avanzar legislativamente.
Con un nuevo periodo legislativo por comenzar, la mirada ahora se posa en si el segundo año de Mulino consolidará su estilo de gobierno, o si deberá enfrentar un entorno legislativo menos complaciente.
El segundo periodo de sesiones, que arrancará el próximo 1 de julio, pondrá a prueba si esta dinámica de colaboración se sostiene o si nuevos retos políticos redefinirán la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Para el analista político, José Lasso, la Asamblea tendrá que jugar un papel importante de equilibrio y gobernabilidad en la forma como el Ejecutivo está desarrollando su política. Las protestas van a seguir y, en los temas que vienen, la Asamblea deberá decidir si está con los intereses del pueblo o, como dijo el presidente, con solo los ciudadanos que pagan planilla.
