Débil crecimiento económico inquieta a Portugal
Aunque oficialmente alejado de la crisis y hasta ahora ajeno a las turbulencias de los mercados, Portugal ya vislumbra cómo nuevas tempestades asoman por el horizonte debido a la delicada situación de su sistema financiero y a la ralentización de su economía.
La decisión del Reino Unido de abandonar el proyecto europeo no hace sino añadir más incertidumbre en torno al futuro de la UE, algo contrario a los intereses de Lisboa, muy sensible a cualquier revés a nivel comunitario.
Si hace cuestión de meses los analistas y politólogos apuntaban como mayor preocupación a la supuesta falta de solidez del Gobierno socialista luso -por depender de sus socios de izquierda-, hoy los temores se concentran en la inestabilidad crónica de la banca nacional, con cuatro de las cinco mayores entidades bajo presión.
Las principales autoridades del país reconocen en privado que el estado del sistema financiero es ahora la causa de sus desvelos, mientras que el pacto que sostiene el Ejecutivo no da señales de deterioro.
Las dudas sobre las verdaderas necesidades de capital del principal banco del país, la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), sólo son el último capítulo de una larga lista de problemas en el sector que no fueron resueltos durante el período en que Lisboa vivió bajo el auspicio de la troika tras solicitar el rescate.
La oposición conservadora ha avivado los rumores en torno a la CGD y ha levantado sospechas sobre la gestión de la entidad con el anterior Ejecutivo socialista (2004-2011) en el poder, atribuyéndole la responsabilidad de haber concedido crédito pese al alto riesgo.
¿Por qué el banco necesita ahora de una ampliación de capital de entre 4.000 y 5.000 millones de euros cuando hasta hace sólo unos meses se hablaba de un montante de entre 2.000 y 3.000 millones? El baile de cifras es utilizado por el centro-derecha portugués para exigir detalles a un Gobierno que por ahora declina dar datos.
El expresidente de la CGD José de Matos subrayó en febrero que las cuentas de la firma se vieron perjudicadas por la necesidad de destinar sólo desde 2011 en torno a 5.000 millones de euros en provisiones, debido a antiguas operaciones problemáticas y al peso de la morosidad.
La ampliación de capital ya es objeto de discusión entre las autoridades lusas y Bruselas, que debe dar su visto bueno debido al carácter estatal de la entidad y a que ésta debe todavía 900 millones de euros de los fondos públicos que recibió cuando el país vivía el peor momento de la crisis.
A las dificultades no escapa tampoco el Banco Comercial Portugués (BCP, participado por el Sabadell), la segunda mayor entidad financiera lusa y cuyas acciones en Bolsa se han devaluado más de un 60 % desde que comenzó 2016, hasta costar apenas 1,7 céntimos.
Los rumores sobre una posible operación para ampliar capital y poder así comprar el Novo Banco son una de las razones que explican esta caída de sus títulos, que al cotizar a un precio tan bajo son objetivo apetecible para los inversores que optan por la "venta al descubierto", donde se gana dinero apostando por la devaluación.
Precisamente el Novo Banco -la tercera mayor firma del sector en Portugal- continúa en venta pero no parece fácil encontrar un comprador, lo que hace que ya se hable abiertamente sobre una hipotética nacionalización.
Tampoco escapa a las presiones la quinta mayor entidad financiera del país, el Banco Portugués de Inversiones (BPI), objeto de una OPA por parte de su principal accionista, el español CaixaBank, y al que Fráncfort le pide que se desprenda de su negocio en Angola pese a que éste representó en 2015 más de la mitad de sus beneficios.
En este contexto, el enfriamiento de la economía lusa ya supone un motivo de alarma. De una previsión de crecimiento del 2,1 % el Gobierno ya la rebajó al 1,8 %, mientras que el banco central luso proyecta ahora una subida de apenas el 1,3 %.
La cuestión dista de ser baladí, ya que la estrategia económica del Ejecutivo se basa en un crecimiento robusto que permita acelerar la reversión de las medidas de austeridad implementadas en la anterior legislatura.
De un lado tiene a Bruselas, que amenaza con sanciones si no cumple sus metas de déficit. Del otro, sus aliados de izquierda, que se oponen a cualquier tipo de paso atrás bajo la amenaza de romper el acuerdo que le sustenta.
