Usuarios de la ZLC piden aplicar medidas de retorsión a Colombia

Consideran que es el momento de que Panamá actúe con fuerza.

Zona Libre de Colón.
Zona Libre de Colón. / Foto Ilustrativa

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) rechaza las nuevas restricciones impuestas por Colombia al intercambio comercial, a través del Decreto 1419, del 6 de agosto de 2019.

A través de un comunicado divulgado este miércoles 14 de agosto, han solicitado de manera urgente al Gobierno de Panamá que se apliquen medidas de retorsión contundentes en contra del país vecino.

El Decreto 1419, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, reglamenta la entrada en vigencia de los aranceles aprobados en su Plan Nacional de Desarrollo, con un incremento del 15% al 37,9%, para las confecciones, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 20 dólares, e imponen un arancel del 10% ad valorem, más tres dólares por kilogramo bruto, a las confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares.

En la nota, la AUZLC expresa que nuevamente Colombia incurre en la aplicación de medidas que perjudican el intercambio comercial con Panamá, afectando directamente a la Zona Libre de Colón, a pesar que en distintas ocasiones estas acciones que son discriminatorias han sido sustentadas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que ha fallado a favor de los reclamos panameños.

Consideran que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de aplicar los mecanismos necesarios y efectivos para hacer valer, en apego al estricto derecho internacional y a los veredictos que le han dado la razón a la causa panameña.

Agregan que a pesar de los obstáculos que Colombia impone afectando el intercambio comercial con Panamá, goza de una serie de beneficios en la jurisdicción, lo cual no es compatible con el principio de reciprocidad.

Resaltan que este aumento de aranceles no solo es visto por los empresarios de la Zona Libre de Colón como una acción comercial negativa, sino también por empresarios colombianos agremiados en la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) del país vecino, quienes han interpuesto demanda de inconstitucionalidad.

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