Colom, uno más en la gruesa lista de expresidentes en la mira de la justicia

El expresidente guatemalteco Álvaro Colom ingresó a la amplia lista de exmandatarios latinoamericanos que han sido procesados o condenados por la justicia por distintos delitos.

Álvaro Colom (2008-2012) fue señalado este martes de la posible comisión del delito de peculado y fraude por la compra y subsidio de autobuses para un sistema de transporte implementado durante su mandato.

También en Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), que fue desaforado, está en prisión preventiva desde 2015 acusado de diversos delitos; Alfonso Portillo (2000-2014) estuvo en prisión en EE.UU. por lavado de dinero y sobre Jorge Serrano (1991-1993), asilado en Panamá, pesa aún una orden de captura por delitos comunes cometidos durante el fallido autogolpe de 1993.

En 2015 se reveló la mayor trama de corrupción en Latinoamérica, el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que salpicó a varios líderes políticos en la región.

Por este caso en Perú varios expresidentes tienen procesos abiertos. Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional, Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima, y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

Además, Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, pero este año logró beneficiarse con el indulto.

En Brasil, por el escándalo de Petrobras Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) fue condenado en segunda instancia a nueve años y medio por corrupción y su defensa busca frenar que sea enviado a la cárcel.

También Fernando Collor de Melo (1990-1992) está procesado por la trama de corrupción en Petrobras.

Dilma Rousseff (2010 -2016, cuando fue destituida) se le halló responsable de irregularidades en la presentación de las cuentas públicas.

En Panamá, el único gobernante perseguido por la justicia es Ricardo Martinelli (2009-2014) por una decena de casos, de los cuales cinco ya tienen expediente concreto, se le acusa de varios actos de corrupción y por interceptación de comunicaciones privadas.

En Venezuela Carlos Andrés Pérez (1974-1979-1989-1993) enfrentó una solicitud de antejuicio de mérito por el delito de "peculado doloso" y "malversación" de unos 17 millones de dólares.

El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) estuvo involucrado en el "Proceso 8.000", un caso en el que fue acusado en 1996 de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña, finalmente fue absuelto.

La semana pasada, un Tribunal pidió que se investigue a Álvaro Uribe (2002-2010) por su presunto conocimiento de dos masacres perpetradas hace 20 años por paramilitares.

En Argentina, la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) enfrenta un proceso y orden de detención por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados del ataque a la mutual judía AMIA en 1994, también está procesada en otras tres causas, dos de ellas por corrupción.

Carlos Menem (1989-1999), quien acaba de renovar su escaño en el Senado, es investigado por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y, además, fue condenado a siete años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Fernando de la Rúa (1999-2001) se le procesó por el pago de sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral.

En Costa Rica Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) fueron condenados a cinco años de prisión por casos separados de desvío de fondos públicos. En 2014 Rodríguez fue absuelto y en 2011 a Calderón se le redujo la pena a tres años en libertad condicional.

En contra de Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) y Premio Nobel de la Paz hay una investigación por prevaricato en la firma en 2008 de decretos para declarar de interés y conveniencia nacional un proyecto de minería.

El salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) está en prisión preventiva desde octubre de 2016 por supuestamente malversar 246 millones de dólares del presupuesto estatal.

El también salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, fue condenado en 2017 a reintegrar al Estado más de 419.000 dólares y se le investiga por la supuesta financiación de su campaña por parte de Odebrecht.

En Nicaragua Arnoldo Alemán (1997-2002) fue acusado de blanquear 10 millones de dólares de instituciones estatales y de mantener cuentas secretas en Panamá, fue condenado a 20 años de prisión y seis años después sobreseído.

En Honduras Rafael Callejas (1990-1994) fue procesado por corrupción por un caso de fraude ligado a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y espera sentencia en EE.UU. bajo libertad condicional.

El paraguayo Juan Carlos Wasmosy (1993-1998) fue condenado en 2002 a cuatro años de cárcel por auxiliar con fondos públicos a un banco privado, fue absuelto 2007.

Luis Ángel González Macchi (1999-2003) fue condenado en 2006 a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa de bienes y en 2007 fue absuelto.

Raúl Cubas (1998-1999) fue encarcelado por su presunta responsabilidad en los asesinatos de unos manifestantes, por un presunto desvío millonario y por colaborar en la liberación y fuga del exgeneral golpista Lino Oviedo, aunque finalmente fue absuelto.

El ecuatoriano Gustavo Noboa (2000-2003) fue investigado por un supuesto perjuicio de 9.000 millones de dólares al Estado durante el proceso de renegociación de la deuda exterior en el año 2000.

Lucio Gutiérrez (2003-2005), quien fue destituido por el Congreso, se asiló en Brasil, Perú y Colombia, hasta que en 2005 volvió a Ecuador y fue encarcelado por sedición, aunque cinco meses después la causa fue sobreseída.

Su compatriota Jamil Mahuad (1998-2000), que fue derrocado tras una rebelión indígena, fue procesado por corrupción.

A Abdalá Bucaram (1996-1997) se le abrieron varios procesos por corrupción, estuvo asilado en Panamá y en 2017 regresó a Ecuador tras las prescripción de los delitos.