La oposición denunciará 'descomposición' del Estado de Derecho en Nicaragua

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, contraparte del Gobierno de Daniel Ortega en una mesa de negociación para superar la crisis que vive Nicaragua desde hace más de un año, denunciará en el exterior la "progresiva descomposición del Estado de Derecho" en el país, informó este lunes uno de sus miembros.

El jurista y portavoz de la Alianza Cívica, José Pallais, dijo a periodistas que el Estado de Nicaragua sigue violando los derechos humanos, irrespetando las garantías constitucionales, así como las libertades de los nicaragüenses.

"Es una campaña internacional de denuncia, de que la situación en Nicaragua viene empeorando, de que las libertades continúan restringiéndose", explicó el político opositor

La decisión de la Alianza Cívica se da luego de que la Policía Nacional no autorizara una marcha el domingo en Managua a favor de la liberación de los denominados "presos políticos".

Una cantidad de patrullas policiales pocas veces vistas y fuertemente armada se desplegó el domingo por las principales calles de la capital nicaragüense en convoyes de entre 10 y 15 vehículos, incluyendo todoterrenos y cárceles móviles, con el objetivo de evitar la manifestación contra Ortega.

Los policías lograron evitar la marcha, no así las expresiones de rechazo hacia Ortega, que se presentaron en diferentes puntos de Managua, en reclamo por la libertad de los "presos políticos" y justicia para los cientos de manifestantes muertos por ataques armados de las fuerzas combinadas del Gobierno.

"De nuevo quedó en evidencia que ni con acuerdos firmados ni con declaraciones unilaterales del Gobierno, la gente pudo marchar. La represión es la vía por la que ha optado el Gobierno y mantiene su consolidación de su estado policial", argumentó Pallais.

La delegación del Gobierno en la mesa de negociación, por su lado, calificó como una "campaña malsana y antipatriótica" denunciar en el exterior un presunto deterioro del Estado de Derecho.

Según uno de sus negociadores, el diputado oficialista Wilfredo Navarro, el Estado está cumpliendo "el acuerdo de derechos y garantías de los nicaragüenses en lo referente a las manifestaciones y las movilizaciones" y que la marcha no se autorizó, según dijo, porque no cumplía con los requisitos.

Las negociaciones entre el Gobierno y la alianza opositora continúan estancadas por diferencias en cuanto a la liberación de los denominados "presos políticos".

La Alianza Cívica anunció la semana pasada su retirada de la mesa de negociación, entre otras razones, por el "asesinato" del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un prisionero opositor al Gobierno que hace dos semanas falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel.

La oposición supeditó su retorno a la mesa a la liberación de los manifestantes antigubernamentales detenidos.

Las partes acordaron liberar a todos los manifestantes opositores a más tardar el

18 de junio.

El tema de los llamados "presos políticos" se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de febrero y se suspendieron el 3 de abril.

A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados y avanzar en otros puntos.

Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 "presos políticos", más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".