El Supremo salvadoreño admite 13 amparos contra Bukele por despidos del Gobierno
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió este viernes 13 amparos contra el presidente del país, Nayib Bukele, y su Consejo de Ministros por supuestamente despedir sin justificación a empleados del Gobierno.
El órgano Judicial explicó en un comunicado que los jueces constitucionales ordenaron la reinstalación de los demandantes, cuyo número no se dio a conocer, como medida cautelar mientras se procesan las demandas.
Señaló que los empleados despedidos argumentaron que Bukele y sus ministros "finalizaron su relación laboral de manera arbitraria mediante la notificación de cesación de plaza".
"Dicho acto presuntamente habría vulnerado los derechos a la estabilidad laboral, audiencia y defensa de los demandantes", reza el documento.
La fuente añadió que el Ejecutivo, de acuerdo con las personas despedidas, utilizó "fraudulentamente" la referida figura dentro del "proceso de reestructuración" del Gobierno.
Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), tomó posesión el pasado 1 de junio y una de sus primeras acciones fue eliminación algunas secretarías.
Por el momento, se desconoce el número exacto de personas despedidas, entre las que se incluyen miembros de la comunidad LGTBI, según las organizaciones sociales que los apoyan.
Los jueces constitucionales consideraron por unanimidad que las demandas "cumplen con los requisitos para su admisión, mientras que desecharon otras cuatro.
Las secretarías que fueron eliminadas son la de Inclusión Social; Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción; Técnica y de Planificación; la de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad.
La eliminación de la Secretaría de Inclusión Social y Técnica y de Planificación también ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, dado que de ellas dependían algunos programas de reparación de las víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Uno de los casos vinculados es el de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote (1981), quienes son beneficiarios de medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en una sentencia de 2012.
