Gobierno francés escapa a la censura e impone su reforma

Manifestantes contra la reforma laboral francesa.
Manifestantes contra la reforma laboral francesa. / AFP
12 de mayo 2016 - 15:26

El gobierno socialista francés logró imponer el jueves su reforma laboral, escapando a una moción de censura presentada por los conservadores, pero sale muy debilitado de una confrontación que tuvo réplicas en la calle y dentro del partido.

La moción no recabó la mayoría suficiente (246 votos de los 288 necesarios) y su rechazo conllevó la adopción en primera lectura del proyecto de ley, que tendrá que ser examinado en el Senado.

Sin mayoría en la Asamblea Nacional (cámara baja), el gobierno decidió el martes recurrir al artículo 49-3 de la Constitución que le permite adoptar el texto sin el voto de los diputados invocando la responsabilidad del gobierno.

Considerado demasiado liberal por sus detractores, el proyecto de ley "debe ser defendido, visto como un texto de progreso", justificó el jueves por la mañana el presidente francés, François Hollande.

"Tiene que ser pensado tanto para los asalariados como para los empresarios. Yo no quiero que se opongan", añadió el jefe de Estado, cuyo giro liberal, a mitad de su mandato, no es aceptado por su mayoría. Como tampoco tiene su aprobación el refuerzo de la política de seguridad después de los atentados de noviembre en París, que dejaron 130 muertos.

Presentado como el último proyecto importante de su mandato, la reforma laboral ha desatado una gran movilización en la calle desde hace dos meses.

En la calle, los opositores a la reforma no bajaban la guardia. En el tercer mes de manifestaciones, miles de personas salieron a las calles para pedir la retirada del proyecto. "Dictadura presidencial", "social-traidores fuera", "gobierno, tú no eres el rey" rezaban las pancartas.

La asistencia a las marchas fue menor que en las precedentes, con unas 120.000 personas en París, según la policía, y de nuevo estuvieron salpicadas de violencia. En la capital, jóvenes con pasamontañas lanzaron adoquines contra los manifestantes. Trece sindicatos resultaron heridos, según los organizadores.

En el oeste de Francia, un local del Partido Socialista fue saqueado en Le Havre, así como un edificio administrativo en Caen. En Nantes, los manifestantes ocuparon las vías de tren, interrumpiendo la circulación, y provocaron daños en la estación de ferrocarril.

- Nuevas manifestaciones -Según el gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. Sus detractores sin embargo consideran que aumentará la precariedad laboral.

Nuevas movilizaciones sindicales están previstas para el 17 y 19 de mayo. El momento álgido de las protestas fue el 31 de marzo, cuando 390.000 personas salieron a la calle en Francia. Desde entonces, las manifestaciones se han reducido, radicalizándose.

En la Asamblea Nacional, el primer ministro atacó a los diputados socialistas "rebeldes" que hasta la víspera habían pretendido presentar su propia moción de censura contra el gobierno de su partido, algo insólito desde que François Hollande llegara al poder en 2012.

Esta "andadura intrépida" llevará a sus autores a un "callejón sin salida", dijo Manuel Valls. "No dejaré que se destruya a la izquierda del gobierno ni a la socialdemocracia francesa", lanzó Valls, dirigéndose a los diputados rebeldes.

"Quiero que cambiemos de gobierno, de primer ministro", declaró el jueves el líder los socialistas "rebeldes", Christian Paul.

Esta situación caótica en el seno del partido socialista es sólo el último episodio de una serie de conflictos internos, como otra reforma impulsada en 2015 por el ministro de Economía, Emmanuel Macron, también adoptada mediante el artículo 49-3, o el proyecto -no aprobado- para retirar la nacionalidad francesa a todos los autores de actos terroristas.

Como signo del apoyo inestable de la reforma, el gobierno suprimió en el último momento una de las medidas más polémicas del proyecto, el despido por motivos económicos. Así, las grandes empresas no podrán, como estaba previsto, limitarse a presentar dificultades en sus filiales dentro del país para despedir a sus trabajadores.

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