Comandante del Ejército colombiano dice desconocer denuncias de corrupción

El comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo este lunes que no conoció durante su desempeño como Inspector General de la institución las denuncias sobre corrupción contra varios oficiales que, según reveló la revista Semana, son investigados por las autoridades.

"Durante el tiempo que estuve como Inspector General no conocí denuncia alguna o directa contra los señores generales mencionados en el artículo", indicó Martínez en un comunicado.

Sin embargo, Martínez precisó que atendió "una inspección judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos en la Cuarta Brigada" del Ejército, de los que manifestó desconocer "los detalles, los supuestos implicados y el avance de la investigación".

La revista Semana aseguró ayer que las denuncias de corrupción contra generales del Ejército colombiano que son investigados por la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) han provocado una nueva persecución en las Fuerzas Armadas, como ya ocurrió en mayo pasado con quienes advirtieron del posible retorno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como "falsos positivos".

La publicación señaló en un especial que lleva por título "Las ovejas negras del Ejército", que una de las investigaciones compromete al segundo comandante de la institución, general Adelmo Fajardo, cuyos subalternos contaron a los investigadores judiciales que debían darle dinero del presupuesto de la institución para sus gastos personales.

Fajardo estuvo en el ojo del huracán en 2014 cuando siendo comandante de la Décima Brigada se le acusó de prestarle un helicóptero Black Hawk al entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, para unas vacaciones familiares.

El otro caso que dio a conocer Semana es el del general Jorge Romero, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).

Esto ocurrió, según la publicación, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer por medio de "maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo".

El general Romero, que actualmente es el jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, también "habría montado en la Cuarta Brigada" un esquema para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En el reportaje Semana indicó que cuatro militares le confirmaron que el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.

Del mismo modo, Semana recordó que el propio general Martínez ha sido objeto de especulaciones por cuenta de una directriz, cuyos formatos publicó la revista, en los que los militares debían hacer una proyección para duplicar los resultados operacionales de su tropa.

Esta polémica comenzó en mayo pasado cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo según el cual el Gobierno colombiano lleva a cabo "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

El general Martínez sostuvo el pasado 21 de mayo que se cambiaría la directriz porque consideraba que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.

Frente a lo anterior, Martínez explicó hoy en el comunicado que en varias oportunidades ha aclarado que los formatos "no corresponden a una directriz institucional".

Asimismo, reiteró que "para evitar las malas interpretaciones de la población, en este momento (los formatos) no existen ni tienen validez alguna en la evaluación" de los resultados de operaciones y "fueron retirados en mayo".

Posteriormente, en su cuenta de Twitter Martínez afirmó que "como parte de la política de cero tolerancia con actividades alejadas de los principios, valores, Constitución y ley, se fortalecieron los procesos de Contrainteligencia".

Igualmente, informó que "42 integrantes fueron retirados del servicio activo y 38 están a disposición de las autoridades judiciales", aunque no precisó por qué razones.

"Ante posibles casos de irregularidad, el Ejército promueve y facilita la investigación por parte de las autoridades competentes y el establecimiento de las consecuencias a las que hubiere lugar", puntualizó el comandante del Ejército.