Ecuador declara estado de excepción en 7 de las 24 provincias por escalada de violencia

Ecuador declaró el estado de excepción en siete de las 24 provincias del país donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas con varias matanzas, anunció el miércoles el gobierno, que mantiene una lucha contra las bandas del narcotráfico desde enero.

La emergencia, que permite el despliegue de militares en las calles, fue decretada por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez (en la andina Azuay), según el documento difundido por la presidencia.

El decreto considera que en esas zonas "se han agudizado hechos de violencia sistemática, perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas e individuos beligerantes no estatales".

En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos narco que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.

Guerra contra el terrorismo

El gobierno de Noboa decretó entonces un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró el país en conflicto armado interno, que de acuerdo con la Corte Constitucional puede ser por tiempo indefinido.

Bajo esa declaratoria se ordenó a los militares neutralizar una veintena de bandas criminales con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia, tildadas de "terroristas" y "beligerantes".

"El 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado y en cinco meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos", expresó Noboa en un video difundido por la sede presidencial.

Añadió que el estado de excepción para las siete provincias es parte de una "segunda etapa de la guerra" contra el narco y el crimen organizado.

Sostuvo que esa guerra "se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias" en las que las capacidades de las fuerzas públicas "han sido excedidas". 

En estas zonas se han registrado decenas de muertos en varias masacres en las últimas semanas.

Violaciones de derechos humanos

El gobernante señaló que las provincias en estado de excepción, declarado por el conflicto armado interno, son las que "más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción", por lo que fueron suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

"A pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza", manifestó Noboa.

Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores mundiales de cocaína-, dejó hace años de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para agrupaciones narco que se disputan el poder a sangre y fuego.

Matanzas entre presos dejan más de 460 muertos desde febrero de 2021 en el país, mientras que los homicidios treparon al récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 frente a la tasa de 6 en 2018.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) indicó el miércoles que aunque los crímenes han disminuido, en 27% de acuerdo con Quito, han aumentado las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave.

En una carta dirigida al presidente ecuatoriano, la organización denunció que la fuerza pública ha cometido serias violaciones de derechos humanos en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno.

"Las violaciones de derechos incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura", dijo la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió a Noboa "revisar su decisión".