Vicepresidente de Ecuador, en prisión preventiva, será acusado por caso Odebrecht

La Fiscalía de Ecuador anunció este miércoles que acusará penalmente al detenido vicepresidente Jorge Glas por la trama de sobornos de Odebrecht, en la que se abstuvo de imputar al delator de la firma brasileña José Conceicao Santos Filho.

"Se va a sustentar un dictamen acusatorio en contra de 13 procesados y se ha presentado, por escrito, un dictamen abstentivo a favor de cinco procesados", dijo a la prensa el fiscal general, Carlos Baca, tras la primera jornada de la audiencia de formulación de cargos por el caso de la constructora brasileña en Ecuador.

Baca no detalló cuándo presentará la acusación por asociación ilícita contra los procesados, entre los que figura Glas, convertido el pasado 2 de octubre en el político en activo de mayor rango en quedar tras las rejas por el caso Odebrecht.

"En este momento, la audiencia se encuentra suspendida (hasta el jueves). Esta audiencia va a durar varios días", afirmó.

En Ecuador, el delito de asociación ilícita es sancionado con tres años de cárcel. Pero la Fiscalía advirtió hace semanas que Glas y el resto de los procesados podrían ser también acusados de otros delitos, como cohecho y enriquecimiento ilícito, con penas superiores.

La prisión preventiva y proceso contra el vicepresidente tiene como telón de fondo la lucha de poder en el movimiento oficialista en Ecuador, que gobierna desde 2007, entre los partidarios del presidente Lenín Moreno y los del exmandatario Rafael Correa, el gran aliado de Glas.

Correa, que en varias ocasiones ha dicho que no existen pruebas contra Glas, sostiene que Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2006, se sirve de la lucha contra la corrupción para desprestigiar a su gobierno e inhabilitarle a él.

El vicepresidente, a quien Moreno despojó de sus funciones, sostiene que el proceso está plagado de irregularidades y acusa a la justicia de su país de estar cediendo "a la presión política y mediática".

- Delator, sin cargos -

Al iniciar la audiencia en la máxima Corte Nacional de Justicia (CNJ), el fiscal anunció al juez Miguel Jurado que se absuelve de acusar al delator y exdirector de Odrebrecht en Ecuador, Jose Conceicao Santos Filho, por considerar que ya fue condenado por la justicia brasileña.

En el dictamen, que también deja sin cargos a otros tres brasileños funcionarios de la firma y a un ecuatoriano, la Fiscalía argumenta que, aunque considera a Santos Filho culpable, no puede imputarle porque "el procesado ya fue sancionado por la normativa y la justicia brasileña y, actualmente, está cumpliendo una condena".

"La Fiscalía General del Estado respeta el principio universal de derecho penal NON BIS IN ÍDEM, que significa que una persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho", agregó.

Según el documento, Santos Filho firmó un "acuerdo de colaboración premiada" y condenado a una pena de ocho años de reclusión, entre otras medidas.

El delator confesó desde Brasil haber pagado al menos 16 millones de dólares en sobornos a Glas, a cargo de sectores estratégicos en los primeros años del gobierno de Correa y vicepresidente desde 2013.

La Fiscalía advierte, sin embargo, que está investigando "otras infracciones" en las que podría haber participado el delator de Odebrecht.

El martes, el ente acusador anunció que formulará cargos contra la compañía por presunta defraudación tributaria, en la que estaría involucrado Santos Filho.

Desde Bélgica, donde vive con su familia, Correa reaccionó con dureza.

"Fiscal se abstiene de acusar a Santos, corrupto confeso de Odebrecht, pero acusa al vicepresidente! ¡Qué descaro!", escribió en Twitter.

"¿Osará iniciar juicio juez Jurado, cuando principal autor confeso no es acusado? ¿Cómo puede haber entonces 'asociación ilícita'?", agregó.

El caso Odebrecht involucra a varios personalidades políticas y exmandatarios de doce países de la región y de África, acusados de recibir millonarios sobornos a cambio de adjudicar obras públicas.

Según el Departamento de Justicia de Estados, la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.