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Panamá/La abogada Suky Yard anunció que presentará las respectivas querellas para determinar si hubo omisión de funcionarios públicos en la atención del caso de un niño de 10 años que murió por suicidio en Pedasí, provincia de Los Santos.
Yard, quien representa a parte de la familia paterna del menor, explicó que revisarán las actuaciones de las instituciones, debido a que, según la información proporcionada por la abuela paterna, ya existían antecedentes sobre una posible vulneración de los derechos de los niños y un proceso de investigación en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Nosotros, en este momento, hemos tenido contacto permanente con la abuela paterna, que es la que nos ha brindado información y es en donde nosotros vamos a entrar a establecer las respectivas querellas”, expresó Yard.
De acuerdo con la abogada, los tres hermanos habían residido con su abuela paterna en la provincia de Colón y asistían a una escuela de esa provincia, pero posteriormente regresaron a Pedasí debido a una situación que será examinada como parte de las acciones legales.
Yard sostuvo que también revisarán por qué el expediente no fue trasladado a Colón, tomando en cuenta que, según la versión suministrada por la abuela, los menores tenían allí un entorno seguro.
“¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se tomó automáticamente la acción de trasladar el expediente hacia la provincia de Colón? Porque se supone o se entiende que los niños tenían un entorno seguro con la abuela paterna, de acuerdo a la información que ella nos ha suministrado”.
La jurista señaló que habría existido un proceso de investigación relacionado con presuntas situaciones de vulneración y maltrato contra los menores. También mencionó que se habla de una denuncia ciudadana presentada ante una personería, información que será revisada.
“Otra de las cosas que ya nos ha comentado también es que había un proceso dentro de una institución, que es el Senniaf, en donde había un proceso de investigación. Claro, porque había situaciones, como por ejemplo, que los niños dormían posiblemente en lugares abiertos, dormían en parques, que los niños estaban siendo vulnerados en sus derechos y garantías y que estaban siendo maltratados”.
Yard aclaró que no atribuye toda la responsabilidad a una institución, pues la familia también tiene un papel principal en la protección de los menores. Sin embargo, advirtió que las entidades responsables deben actuar cuando el entorno familiar falla.
“Si tú tienes tres menores, que ya tú tienes conocimiento como institución, que eres el regente y el garante de salvaguardar los derechos de esos menores, que reitero, no le estoy trasladando la responsabilidad total y completa a la institución, porque, como siempre hemos dicho, la familia tiene su rol primeramente beligerante, pero si la familia le falla, la institución no puede”.
La abogada cuestionó la posible demora en la adopción de medidas pese a los antecedentes que, según manifestó, ya se conocían.
Entonces, si ya tenías un antecedente, si ya había indicios, ¿cuál fue la demora? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a revisar, a investigar. Y si hay algún tipo de responsabilidad en cuanto a la omisión de algún funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por supuesto que tiene que ser también sometido a algún tipo de proceso”, dijo la abogada.
Con respecto a los hermanos del niño, Yard aseguró que, según la información disponible hasta el momento, permanecen bajo un sistema de protección. Evitó revelar mayores detalles para preservar la privacidad de los menores.
Bueno, en este momento nosotros lo que tenemos conocimiento es que los niños están en este momento bajo algún sistema de protección. Es lo que se entiende hasta este momento. Es información que ampliamente, pues, no se puede compartir por respeto y privacidad, reiteramos, de los menores”.
La abogada manifestó que aspiran a que la guarda y crianza de los niños sea otorgada a una persona que pueda garantizarles protección y seguridad.
“Pero a lo que aspiramos es que los niños tengan una custodia y guarda y crianza con la persona que verdaderamente pueda proveerle protección y seguridad, que definitivamente eso no es por parte de la familia materna”.
Yard pidió a la ciudadanía denunciar cualquier situación de maltrato contra niños y adolescentes. Explicó que las personas deben reconocer cambios de conducta y otras señales que puedan indicar que un menor está siendo sometido a alguna forma de agresión.
Si usted tiene conocimiento de que una niña o un niño está siendo maltratado por el familiar que sea o dentro del entorno que sea, hay que reconocer las alertas, entender que los niños se retrotraen cuando están siendo sometidos a cualquier tipo de agresión, y denuncie”.
También indicó que, una vez recibida una denuncia, corresponde a las instituciones efectuar las investigaciones y adoptar medidas para proteger la vida de los menores.
“Ante el momento de una denuncia, hay que hacer las investigaciones de rigor y lo más importante es salvaguardar y proteger la vida de los menores”.
La jurista destacó, además, el papel de los docentes y directores de centros educativos para detectar posibles situaciones de vulneración, activar los procedimientos correspondientes y poner los casos en conocimiento de los gabinetes psicopedagógicos.
“Lo que no es permitido es ignorar la situación, porque ignorar la situación trae como desenlace que un niño de 10 años en este país ya no se encuentre con nosotros, producto de la irresponsabilidad de su madre y de su abuela materna”.