Acodeco llevará a tribunales acuerdo que termina el caso contra Visa y MasterCard
Ambas empresas deberán presentar una fianza de cumplimiento de $250 mil cada una, a favor del Tesoro Nacional, vigente por dos años para asegurar la ejecución de los acuerdos.
El gobierno presentará ante los tribunales competentes la decisión aprobada mediante las resoluciones 131-25 y 132-25 del Consejo de Gabinete,para dar por terminado un proceso de demanda por supuestas prácticas monopolísticas en el mercado de pagos electrónicos, la cual fue iniciada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en contra de Visa y MasterCard.
La Acodeco demandó en diciembre de 2023 a ambas marcas al considerar que ciertos programas aplicados en transacciones internacionales podían limitar la libre competencia y afectar a “empresas fintech” conocidas como Agentes de Recolección Local, dedicadas al procesamiento innovador de pagos.
Por su parte, Visa y MasterCard se comprometieron en este acuerdo extrajudicial a no aplicar programas ni reglas que puedan restringir la competencia.
Esta medida implica la suspensión de los programas “Payment Intermediary Foreign Exchange Operators”(PIFO) en el caso de MasterCard y “Expanded Merchant Location Program” (EMLP) en el caso de Visa o programas con idéntico contenido, por los dos años siguientes, luego que la decisión quede ejecutoriada por la autoridad judicial que apruebe el acuerdo.
Una vez finalizado ese periodo, y durante los tres años siguientes, cualquier intento de reactivar o implementar programas con funciones similares, deberá contar con autorización previa de la Acodeco.
Como parte de los compromisos, Visa y MasterCard deberán entregar $50 mil, cada una, en un plazo máximo de 30 días “mediante una transferencia bancaria hacia una cuenta en la Caja de Ahorros a nombre de un fideicomiso, cuyo beneficiario es la Acodeco”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Acodeco, estos recursos serán utilizados para educación financiera “conforme a un cronograma establecido dentro de un periodo de 6 meses acordado por las partes”.
Además, ambas empresas deberán presentar una fianza de cumplimiento de $250 mil cada una, a favor del Tesoro Nacional, vigente por dos años para asegurar la ejecución de los acuerdos.
Para evitar futuras controversias, las empresas también aceptaron utilizar el mecanismo de consulta de viabilidad de la Ley 45, herramienta legal que permite evaluar si alguna acción empresarial podría restringir la competencia antes de ser ejecutada.
Las transacciones aprobadas por el Consejo de Gabinete serán presentadas ante el juzgado correspondiente, con el propósito de poner fin de manera formal al proceso judicial.