Abogan por constituyente mediante un proceso blindado contra ribetes políticos

En medio de la crisis política, social y económica que atraviesa el país, nuevamente surgen voces a favor de reformar la Constitución, una misión que hasta el momento ha sido imposible en Panamá, pese a que los últimos gobernantes han incluido el ejercicio en sus promesas de campaña y agendas políticas.

El movimiento Panamá Decide busca impulsar la constituyente paralela que consiste en convocar una asamblea de 60 constituyentes elegidos en proporción a la totalidad de la población, quienes tendrán un plazo para generar la nueva Constitución y luego ir a un referéndum para que la ciudadanía decida si la acoge o no.

Juan William, de Panamá Decide, manifiesta que el cambio constitucional es una deuda de hace 30 años. “Tenemos una constitución que viene aprobada de la dictadura militar con ciertos remedios que se han dado durante la democracia”.

William considera que en este momento el país está sumergido en una crisis política, económica y social que hace notar que el estado de derecho está debilitado, donde la población no se siente identificada, por lo que no existe mejor momento que este para reformar la constitución de tal manera que nos lleve al país que esperamos.

“La actual Constitución no es un mecanismo que garantiza la separación de poderes, además, nuestra Constitución tiene un modelo presidencialista que le da demasiadas facultades al Presidente y eso hace que cuando hay algún tipo de problema las personas piden la presencia del Presidente porque no encuentran poder de resolución en otro funcionario. También necesitamos una arquitectura de poder que garantice la separación de poderes”, indicó.

Reconoce que será un esfuerzo grande, pero a su favor está la reglamentación que tiene que entregar el Tribunal Electoral que garantizará el uso de herramientas tecnológicas que ayudarán a la recolección de firmas y llegar a largas distancias.

“Nuestro llamado es indicarle a la ciudadanía que canalicemos todos los problemas que tenemos, tratando de lograr un esfuerzo que logre una nueva constitución que nos represente. Hablarse sobre esto a tus amigos y familiares es un buen primer paso para lograr esta meta”, manifiesta William.

William señaló que si en algún momento los políticos intentan ganar protagonismo en el proceso, lo que se tiene que indicar es el mensaje de fondo que es: “Esto lo hacemos los ciudadanos como un esfuerzo real para cambiar lo que tenemos y para tratar de aspirar a un mejor futuro”.

Por su parte, el excandidato presidencial Ricardo Lombana considera que esta iniciativa nace de los ciudadanos al igual que el movimiento que él lidera y es importante que otros grupos civiles que también puedan recolectar firmas se unan para lograr el objetivo.

Resaltó que lo primero que hay que hacer para blindar este proceso es entender que es sin banderas políticas desde ahora, porque lo único que va a garantizar que los ciudadanos se apoderen del proceso, lo cuiden y protejan es que no vengan las banderas políticas a querer tomarse el proceso.

“Hago el llamado a todos los líderes políticos, tanto los de partidos tradicionales como los movimientos nuevos, a que nos unamos, pero con la bandera ciudadana y no con la de partidos políticos porque eso generaría la desconfianza de la ciudadanía”, expresó.

También recalcó que es importante imponer reglas sobre quiénes pueden ser los constituyentes, como que no sean funcionarios de puesto de elección popular, que luego no se conviertan en candidatos a puesto de elección popular, que no devenguen salario de puestos públicos, entre otros.

Lombana opinó que una de las formas de acabar con la impunidad es cambiar las reglas del juego que están en la Constitución. “Es más riesgoso mantener la situación actual que ir a una constituyente, las cortinas de humo son aquellas que nos tiran todos los días desde el sector político, este es un ejercicio ciudadano”, sostuvo.

Para el político, prohibir el manejo de fondos públicos a la Asamblea, que el Legislativo sea más pequeño, volviendo a diputados nacionales, cortar de raíz el cruce de investigación entre la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea y el Ejecutivo; una segunda vuelta electoral, blindar la Caja de Seguro Social y la revocación de mandato son algunos de los cambios que se deben establecer en la nueva Constitución.