Advierten que es necesario 'un debate más serio de las funciones de las APP'

Analizan el polémico proyecto de ley de APP y otros temas del Legislativo

El proyecto de ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) genera reacciones a favor y en contra. Para la exlegisladora Teresita Yániz de Arias es preocupante que el mismo “no haya encontrado apoyo” dentro de la bancada oficialista, al tiempo que instó a que se realice “un debate más serio” de las funciones de las APP.

Ayer se informó que este proyecto que crea el régimen de las APP retornará a segundo debate en la Asamblea Nacional, para discutir el artículo que trata de la inhabilitación e incapacidad de empresas para licitar con el Estado.

Yániz de Arias indicó que en un país donde no se tienen los controles para garantizar las cosas más elementales, se puede correr muchos riesgos con esta figura.

Según explicó, saldría más caro que cuando las obras se hacen con los fondos públicos. “El financiamiento nos va a costar más porque hay alguien que tiene ganar para que se cumpla el proyecto y en desarrollarlo”.

Para la exlegisladora, hay cosas que han chocado como la figura de un diputado en el ente rector.

Aseveró que no están claros temas como las licitaciones, supervisión de los proyectos, tiempos de las concesiones, entre otros.

Dijo que el ruido que ha generado este proyecto alcanzó la relación con el Ejecutivo.

Ayer, la diputada Kayra Harding, explicó que en una reunión de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), de mayoría en la Asamblea, se decidió devolver el proyecto de ley No.12 de las APP a segundo debate para introducir modificaciones.

Harding destacó que la modificación busca que las empresas que contraten con el Estado e incumplan; no puedan licitar por 10 años, mientras que las compañías y personas que sean condenados por corrupción estarán inhabilitados por 5 años.

Sobre esta última modificación, el diputado independiente Juan Diego Vásquez adelantó que cuenta con el compromiso de 38 diputados y diputadas para inhabilitar por 10 años a empresas y personas condenadas o confesas en causas de corrupción, terrorismo, blanqueo de capitales y otros delitos.

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