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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a 16 servidores públicos de distintas instituciones del Estado, tras comprobarse incumplimientos graves al Código de Ética de los Servidores Públicos.
Las sanciones son resultado de investigaciones administrativas que reflejan el compromiso de la entidad con la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Entre los expedientes recientes, destaca una denuncia contra funcionarios del Municipio de Taboga, donde el alcalde incluyó en la planilla municipal a su nuera y a su cuñado. Antai determinó un claro conflicto de intereses y recomendó la destitución inmediata de los involucrados, además de imponer una sanción económica al alcalde.
En el distrito de Penonomé, se comprobó que el alcalde incluyó a su hermana en la planilla municipal. Aunque posteriormente fue retirada del sistema, se sancionó al funcionario por vulnerar el Código de Ética.
En San Miguelito, el representante del corregimiento de Omar Torrijos fue sancionado junto a una funcionaria de la Junta Comunal, tras confirmarse que mantenían parentesco directo, lo que constituye una falta ética.
En el corregimiento de Santa Ana, siete servidores públicos fueron señalados por mantener vínculos familiares con el representante. Antai recomendó la destitución de seis de ellos y una sanción económica al representante por conflicto de intereses.
Otro caso se registró en el corregimiento de Corral Falso, donde el representante incluyó a su sobrina en la planilla de la Junta Comunal. Aunque posteriormente fue dada de baja, se le sancionó por incumplir las normas de ética.
En el caso del Ministerio de Educación, Antai recibió una denuncia contra una funcionaria asignada a la Comarca Ngäbe Buglé, señalada de haber salido del país en dos ocasiones mientras estaba con incapacidad médica. La investigación comprobó que durante esos días realizó viajes internacionales, lo que constituye una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos. Debido a la reiteración de la conducta, la entidad recomendó su destitución.
Antai subrayó que estas medidas son una muestra de que la impunidad no tiene cabida en el servicio público. “La ética, el respeto y la transparencia no admiten excusas”, destacó la institución en un comunicado.
La Autoridad reiteró que seguirá actuando con firmeza para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública y que los servidores sancionados representan un recordatorio de que quienes deciden servir al Estado deben anteponer siempre el interés colectivo sobre el personal.
Las sanciones fueron aplicadas el 19 de agosto de 2025.