Ana Matilde Gómez sobre caso de Vale Digital: 'Aprovecharse de la pandemia es imperdonable'
Ciudad de Panamá/La exprocuradora de la Nación y exdiputada Ana Matilde Gómez no dudó en calificar como “imperdonable” las investigaciones de delitos cometidos contra la administración pública durante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
En una reciente entrevista en Noticias AM, Gómez analizó la compleja investigación que involucra al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y al empresario Budy Attie, quienes enfrentan medidas cautelares por presuntos delitos de corrupción, asociación ilícita y malversación de fondos públicos.
También están investigados en el caso la abogada Janice Becerra, quien laboró en la AIG, y Ralph Attie, hermano de Budy.
Gómez destacó que el caso no es producto de una persecución política, sino que surge de una denuncia presentada en su momento por el exsubadministrador de la AIG, quien alertó a sus superiores —incluyendo al entonces contralor Gerardo Solís— sobre irregularidades en el manejo de plataformas digitales de asistencia social.
“Esto no es un invento de un gobierno persiguiendo a otro. Esta denuncia nace en el momento en que se están cometiendo los hechos, por un ciudadano valiente”, afirmó Gómez, subrayando la importancia de proteger a quienes denuncian desde dentro del Estado.
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Denuncias en tiempo real y la responsabilidad del poder judicial
La abogada y exprocuradora insistió en que el contexto de la pandemia agrava la gravedad de los hechos: “En medio de lo que todos estábamos encerrados, gente perdió su trabajo, y había funcionarios viendo espacios para lucrar a partir de las necesidades del pueblo. Eso es imperdonable”.
Destacó que el Vale Digital, destinado a personas que perdieron sus empleos, y el programa PASE-U, enfocado en apoyar a familias con estudiantes en educación básica, manejaron grandes volúmenes de datos personales y recursos públicos. “Estaban manejando bases de datos de todo el país. Gente que se registró desesperada, buscando ayuda porque en casa ambos padres perdieron sus ingresos”, recordó.
Citando el Código Penal, Gómez señaló que si se comprueba que los fondos desviados superan los 100 mil dólares, las penas podrían alcanzar entre 8 y 15 años de prisión. “Aquí tiene que haber una lección muy dura. Tú no te aprovechas de una población en medio de una pandemia”, enfatizó.
También criticó la falta de respuesta de las autoridades en su momento: “Laurentino Cortizo no le importó. Gerardo Solís, el contralor, se burló del funcionario que denunció. Y a Luis Oliva lo desplazaron del sistema público”, aseguró, haciendo referencia a la supuesta represalia contra quien intentó exponer las irregularidades.
Ana Matilde Gómez concluyó con un llamado: “El Órgano Judicial tiene que hacer su parte. Este caso no puede quedar en la impunidad. Es un golpe durísimo al pueblo panameño, y la justicia debe ser ejemplar”.