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Anteproyecto de ley para sancionar el acoso laboral sigue engavetado

Las sanciones por acoso laboral serían: pagos de tratamientos, indemnizaciones y despidos justificados.

Asamblea Nacional mantiene en pendiente el Anteproyecto sobre acoso laboral.
Asamblea Nacional mantiene en etapa preliminar el anteproyecto. / Archivo

Un anteproyecto de ley, que busca prohibir y sancionar el acoso laboral, sigue engavetado en la Asamblea Nacional, tras 18 meses desde que fue presentado.

El borrador de esta ley se mantiene aún en etapa preliminar, desde el 27 de abril del año pasado, cuando fue presentado por los diputados proponentes: Javier Ortega, Iracema De Dale y Leandro Ávila.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral de la Asamblea Nacional, que actualmente preside el diputado José Luis Castillo Gómez, es la responsable de darle curso a esta legislación, que en su Artículo 1 busca "proteger a los trabajadores y las trabajadoras del sector privado y a los servidores y servidoras públicos del acoso laboral por parte de superiores o compañeros de trabajo, en sus diferentes expresiones".

Esta propuesta nace de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo (Apadetra), que presentó ante la oficina de iniciativa ciudadana de la Asamblea, esta propuesta para regular el acoso laboral en nuestro país, tras la preocupación por los casos de abuso que se comete contra de los trabajadores y por la falta reglamentación que existe en Panamá.

Conozca el Anteproyecto que prohíbe y sanciona el Acoso Laboral

En su Artículo 5, el anteproyecto establece que la empresa que sea "condenada al pago del tratamiento sicológico que requiera la víctima, sin límite de costos y a reconocerle una indemnización, que en ningún caso será inferior a mil balboas".

Si el acoso laboral es promovido por uno o varios compañeros de trabajo, los mismos serán sancionados con despido por causa justificada además del pago, por parte de la empresa, de los costos del tratamiento físico o sicológico que la víctima requiera.

El anteproyecto de ley encargaría a las oficinas de Recursos Humanos de las empresas privadas e instituciones públicas de recibir las denuncias, que también podrían ser presentadas en la Defensoría del Pueblo, en la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral o en Juzgados del Circuito Civil.

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