Asamblea aprobó proyecto que establece penas de hasta 10 años de prisión por cerrar acceso playas y ríos

Panamá/En varias regiones del país, lo que por años fue paso libre hacia una playa, un río o una finca, hoy se encuentra cerrado con portones, cercas o incluso cobros improvisados. Esa realidad, que ha generado tensiones en comunidades y afectado actividades económicas, podría cambiar con la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 392, por la Asamblea Nacional, en su último día de sesión.

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La iniciativa, que modifica el Código Penal con la incorporación de los artículos 229-A y 229-B, busca poner freno a la práctica de cerrar caminos de uso público o restringir el acceso a espacios de interés colectivo.

De acuerdo con el diputado panameñista Edwin Vergara, del circuito 13-3 (Chame y San Carlos), y quien es el proponente de esta iniciativa solo en su circuito, en un pequeño radio aproximado de tres kilómetros (3 km) existen ya cerrados 9 caminos que eran de acceso público, cuyos miembros de la comunidad utilizaban para tener acceso a sus potreros, fincas y áreas de recreación.

Señala que esto sucede en distintos puntos del país y que se han reportado bloqueos de accesos tradicionales que impiden el tránsito hacia potreros, zonas recreativas o destinos turísticos, incluso con cobros por ingresar a lugares que históricamente han sido de libre acceso.

El proyecto establece penas de entre 3 y 7 años de prisión para quienes obstruyan caminos públicos de manera arbitraria. En casos más graves, como la apropiación ilegal de terrenos del Estado mediante engaños, las sanciones pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel.

Quien, actuando, sin causa justificada, con culpa o intención de hacer uso, goce, disfrute o disposición de caminos y espacios de uso público, así como de aquellos que conducen a ríos, playas, lagunas, parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales, fuentes y reservas hídricas, áreas protegidas que sean de por sí bienes inalienables del Estado, mediante obstrucción, cierre o restrinja haciendo uso de cercas, portones, zanjas, estructuras u otros medios materiales, será sancionado con pena de prisión de tres a siete años", se lee en la propuesta.

Mientras que indica que “se considerará agravante cuando, mediante falsedad o engaño, en el proceso de adjudicación de títulos de propiedad ante la autoridad competente, logre la titulación total o parcial de algún globo de terreno que pertenezca a parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales, reservas hídricas, áreas protegidas que sean de por sí bienes inalienables del Estado, será sancionado con prisión de cinco a diez años”.

Ahora quedará en manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, decidir si avala o no este proyecto de ley, que surge ante las quejas de algunos ciudadanos.